Nada más ser elegido presidente, Pedro Sánchez aseguró que pondría la pobreza infantil en la agenda política. Decidió crear un alto comisionado, una figura con pocos precedentes en el mundo, al frente de la cual puso a María Luisa Carcedo, especialista del PSOE en este problema. Y ayer, cuarto Consejo de Ministros de la era Sánchez, el Gobierno aprobó un plan de choque para ayudar a los niños en situaciones de precariedad severa lo antes posible. La intención del Ejecutivo es que «tengan un verano» lo más normal posible y puedan gozar de actividades extraescolares «dignas».Para ello, el Gobierno doblará el esfuerzo económico que destina a programas vacacionales infantiles, de 5 a 10 millones de euros, una inversión que podría aumentar para que todos aquellos que cumplan los requisitos de carencia severa y riesgo de pobreza sean atendidos. El plan contempla que, en colaboración con los ayuntamientos y las autonomías, los menores desayunen y coman en los comedores sociales o campamentos, así como que cenen en el caso de los más necesitados.

Con la llegada de la crisis se detectó que el cierre de los colegios y sus comedores escolares provoca que algunos menores no reciban adecuadamente las tres comidas al día en julio y agosto, lo que tiene «efectos dramáticos», en palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien dio cuenta del programa tras el Consejo de Ministros y lamentó que algunos alumnos se incorporen en septiembre con menos peso, de hasta cuatro kilos. Y eso pese a que algunas autonomías, habían reforzado los comedores sociales para amplificar los destinatarios de una alimentación adecuada.

El proyecto gubernamental prevé que los menores participen en actividades extraescolares y así puedan tener una especie de «vacaciones», según Celaá.

2,1 MILLONES DE NIÑOS EN RIESGO

España es el tercer país de la UE con una tasa de riesgo de pobreza más alta. La última Encuesta de Condiciones de Vida señala que el 28,1% de los menores de 16 años sufren esta situación, lo que supone 2,1 millones de niños en riesgo. De ellos, 375.000 sufren «carencia severa» al no tener garantizadas sus «necesidades alimentarias».