La máquina se ha puesto ya en marcha. El Gobierno necesita que los informes preceptivos, pero no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado sobre su reforma de la ley del aborto, que ha sido cuestionada incluso por diputados populares, sean lo más benévolos posible. Por ello, en el poder judicial ya han comenzado a prepararse las estrategias para presentar en sociedad su dictamen sobre la ley Gallardón. El pleno del CGPJ tiene previsto emitir su informe a finales del próximo mes y dos vocales, una progresista y una conservadora, preparan sendos informes y trabajan, con pocas esperanzas, para alcanzar un consenso y presentar un texto común al resto de los vocales.
El Poder Judicial celebró ayer un pleno en el que se abordó la filtración del contenido del borrador de la vocal progresista Pilar Sepúlveda. "Un borrador de un borrador", según fuentes de este organismo, en el que tilda la reforma de inconstitucional y pide la retirada de la ley por atentar contra los derechos de las mujeres. Esta abogada sevillana, que pertenece a la asociación de mujeres Amuvi ha plasmado en "su documento de trabajo" su posición ideológica conocida por todos, es decir, defiende la actual ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
SIN PRECEDENTES
Esta consejera, elegida a propuesta del PSOE, también asume las posiciones de este partido y en un primer momento ha barajado la tesis de proponer la retirada de la ley. Sin embargo, el CGPJ, en sus 33 años de historia, nunca ha defendido esta posibilidad, ya que ha preferido tildar de inconstitucional una norma como ocurrió cuando examinaron la llamada ley Corcuera.
Por su parte, la vocal conservadora Carmen Llombart prepara un texto en el que cuestiona algunos aspectos de la ley Gallardón, pero sin rechazarla de cabo a rabo. Fuentes de este organismo han explicado que las dos vocales tienen que presentar sus informes el 17 de marzo. Antes mantendrán varios encuentros para intentar alcanzar un acuerdo y presentar un texto común a sus compañeros. Sin embargo, las fuentes consultadas descartan esta posibilidad. Y es que en CGPJ ya se dice que el dictamen de Sepúlveda "es político" y el de Llombart "es técnico".
Estas mismas fuentes apuntan que Llombart propondrá en su dictamen mejoras técnicas a estos puntos "controvertidos" que incluso ha reconocido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando ha defendido en el Congreso la ley Gallardón.
Por ello, lo más probable es que el pleno del CGPJ reciba dos textos y saldrá adelante el que reciba más votos, es decir, el de la vocal conservadora, ya que este bloque cuenta con la mayoría suficiente para tumbar la posición progresista que acabará presentando el texto de Sepulveda como un voto particular.
LEALTAD INSTITUCIONAL
Mientras, el Poder Judicial se apresta a evitar más filtraciones sobre el dictamen. El presidente Lesmes pidió ayer a los vocales "lealtad institucional" porque considera que las informaciones que se van conociendo sobre la elaboración de uno de los informes más importantes de la historia de este organismo "dañan el prestigio de esta institución" porque recogen opiniones sesgadas y no la posición oficial del órgano del Gobierno de los Jueces.
