A los jueces --por lo menos, a algunos-- no les gusta la futura ley contra la violencia doméstica del Ejecutivo socialista. Es más, dudan de su eficacia y de su constitucionalidad. Los magistrados opinan que la norma no debería amparar únicamente a las mujeres sino a todas las víctimas, independientemente de su sexo. Además, consideran que es demasiado pronto. A su juicio, antes de emitir una ley nueva es mejor esperar a ver los resultados de la orden de protección, la herramienta judicial que fue aprobada en agosto con el objetivo de aumentar la protección a las maltratadas.

DE TENDENCIA CONSERVADORA Todas estas opiniones están incluidas en el informe que ayer aprobó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En este organismo, los jueces de tendencia conservadora (nombrados a propuesta del PP) son mayoría frente a los que integran el sector progresista (nombrados a propuesta de los partidos de izquierda). Ayer, en la comisión de estudios del CGPJ, el informe salió adelante gracias a los votos de los primeros.

De todos modos, el estudio tendrá que volver a ser ratificado el jueves, en el pleno del CGPJ. Y de ahí, se enviará al Gobierno, aunque éste puede hacer caso omiso porque el informe no es vinculante.

Se trata del segundo estudio. El primero fue realizado por la progresista Montserrat Comas, pero sus compañeros conservadores lo tumbaron. José Luis Requero fue el encargado de redactar el que ayer se aprobó. A su juicio, la ley deja desamparados --además de a los hombres-- a otras víctimas, como niños y ancianos. Estos colectivos sufren una violencia "más grave" por su "nula capacidad de denuncia".

Requero tampoco se mostró a favor de la creación de juzgados especializados para mujeres. En su opinión, la "jurisdicción específica" es "algo propio del Antiguo Régimen". El vocal conservador también exigió una definición más concreta de la violencia doméstica.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dijo ayer que el Gobierno incorporará al anteproyecto de ley las observaciones de los órganos consultivos que "hagan más eficaz el proyecto".

SOLO PARA HOMBRES La futura ley, que la próxima semana entrará en el Parlamento, contempla que si un hombre comete una amenaza o coacción leve sobre su compañera es un delito. Sin embargo, no ocurre igual si la amenaza o coacción la comete una mujer. Los jueces conservadores dudaron de la constitucionalidad de este extremo, que tampoco convenció a los progresistas.