La policía no podrá dejar desasistidas a las mujeres que acudan a la comisaría a denunciar una agresión. Antes de que la denuncia llegue al juez, los agentes deberán establecer un plan de seguridad para la víctima. Posteriormente, el juez adoptará la medidas judiciales oportunas --orden de protección, alejamiento del agresor y atribución de la vivienda--. El encargado de diseñar el plan de seguridad de la maltratada será la policía, que actuará en función de la información facilitada por el juez.

Estas medidas están recogidas en un protocolo presentado ayer por la mañana por la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Montserrat Comas. La presentación provocó una airada reacción de todos los sectores implicados.

En una nota oficial, el CGPJ explicó que el protocolo vería la luz en un plazo "no superior a 30 días", y no hoy, como había asegurado Comas. Fuentes de Interior subrayaron que el plan arrancará "en el tiempo más rápido posible", pero que la celeridad dependerá de que jueces, fiscales y agentes reciban el texto.

Otra de las discrepancias surgió después de que Comas atribuyera a la policía la decisión de establecer las medidas de vigilancia para proteger a la víctima. Esta atribución suscitó la reacción de los sindicatos policiales. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía, José María Benito, calificó de "grave irresponsabilidad política" el hecho de trasladar a los agentes una función que, a su juicio, corresponde a los jueces.

Fuentes de Interior aclararon que la policía diseñará el dispositivo de seguridad en función de la información que le faciliten los jueces. "No es lo mismo el caso de una mujer que ha sido golpeada por primera vez que el de otra que ha sufrido varias palizas", puntualizaron.

Por ello, el protocolo establece que los magistrados remitirán a las fuerzas de seguridad copia de los "informes del proceso penal que se refieran a las circunstancias personales, psicológicas, sociales y de otro tipo tanto del imputado como de su núcleo familiar". Hasta ahora, los jueces se limitaban a comunicar a los agentes que habían tomado esa medida, sin detallar las circunstancias específicas de cada caso.

La policía también estará obligada a intercambiar información con el juez, ya que deberá comunicar cualquier cambio que observe en la conducta del agresor.

Este protocolo no será efectivo hasta que se creen las unidades especializadas en violencia sobre las mujeres. De momento, el Gobierno ha anunciado un aumento de la plantilla que no se ha materializado, según los sindicatos.