La ministra de Educación en funciones, Pilar del Castillo, advirtió ayer de que una eventual moratoria de la aplicación de la ley de calidad (LOCE) decretada por el nuevo Gobierno socialista "nunca" podría tener carácter retroactivo. La ministra se refería a que dos de las medidas de la norma orgánica que ha impulsado ya están en vigor: la repetición de curso con tres materias suspendidas y las pruebas extraordinarias de recuperación de junio o septiembre.
Del Castillo agregó, en unas declaraciones realizadas antes de inaugurar el Museo del Traje de Madrid, que si se congelaba la integridad de la LOCE el PP reaccionaría. "No hay que tener tanta tanta ansiedad con lo que han hecho otros", afirmó. A su juicio, las comunidades autónomas tienen que aplicar la norma "y si no lo hacen, están creando una inseguridad jurídica tremenda".
Del Castillo también se refirió a una conversación mantenida con el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en la que éste le habría dado garantías de que Cataluña no paralizaría de forma unilateral la aplicación de la norma. La consejera de Educación, la republicana Marta Cid, precisó ayer que tenía constancia de esa conversación y que Maragall habría insistido en que el anuncio de la voluntad del Gobierno catalán no vulneraba la legalidad.
Cid intervino en el pleno del Parlamento catalán para defender la postura de su departamento de apostar por la congelación de la LOCE a la espera de que el Gobierno socialista cumpla la promesa de anular el calendario de aplicación y más adelante, tras un amplio debate, decida modificar o derogar la norma.
EL CASO VASCO
Por su parte, la consejera vasca de Educación, Angeles Iztueta (EA), confirmó ayer que el Gobierno vasco aprobará su "propia normativa" educativa, aunque precisó que no tiene por qué ser contraria con la del Ejecutivo central entrante. Además, apuntó que su departamento ha actuado "de facto" en su oposición a la LOCE aunque el PSE confirmó que la consejera había dado el visto bueno a la aplicación de la ley antes de que la Generalitat pidiera la moratoria. Iztueta manifestó su disposición a acuerdos, pero "no renunciará" a dictar sus propias normas.
