El PP sacó ayer adelante casi en solitario el decreto ley por el que el Congreso autoriza el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS, la empresa promotora del proyecto de almacén de gas natural Castor. Con la excepción del voto a favor de UPN y la abstención de Foro Asturias, todos los demás grupos votaron en contra de la medida, que supone la hibernación o el cierre temporal del depósito, situado ante las costas de Tarragona y Castellón, y cuya compensación repercutirá en la factura de los usuarios durante 30 años.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, confirmó ayer la prohibición a Enagás de inyectar o extraer gas, pero dejó la puerta abierta a reemprender el proyecto en si estudios técnicos "más completos" avalaran su viabilidad sin el peligro de nuevos movimientos sísmicos.
