Gobierno central, administraciones locales y colectivos sociales coinciden: el plan especial de seguridad en el Campo de Gibraltar para luchar contra el narcotráfico funciona y se ha logrado empezar a recuperar el principio de autoridad de los agentes frente a unos narcos que paseaban impunes. Pero la demanda sigue activa, lo que ha empujado a los narcos a buscar nuevas rutas en provincias como Málaga y Huelva. Son vías más largas, lo obliga a los traficantes a tirar de imaginación y habilitar bases para almacenar droga y combustible, como la descubierta en las islas Chafarinas, en el Mar de Alborán. Otros se reconvierten al cultivo de marihuana o aprovechan los desplazamientos para trasladar inmigrantes en las narcolanchas.
En su primer año de vigor, el plan especial en el Campo de Gibraltar se ha saldado con 4.852 detenciones de personas vinculadas al narcotráfico que están colapsando los juzgados, a falta de que lleguen los nuevos refuerzos anunciados por el Gobierno. Las bandas notan la presión, por lo que buscan nuevas vías menos vigiladas en puntos más alejados del Estrecho. En la costa malagueña proliferan las guarderías para ocultar droga o lanchas, e incluso hay intentos para meter los alijos por el Puerto. Y solo en Huelva, según el balance de criminalidad que elabora el Ministerio de Interior, se incrementaron en un 41% los delitos vinculados al narcotráfico entre el 2017 y el 2018.
POR MAR Y AIRE
En la provincia onubense las incautaciones de alijos se suceden por mar y por aire, otra alternativa para transportar la droga y cruzar el Estrecho eludiendo los controles. Para todas estas operaciones, los grandes capos buscan la colaboración de los narcos locales, que conocen mejor el terreno, y ofrecen sus grupos de estibadores e incluso el piloto. En Cádiz, las potentes narcolanchas capaces de trasportar hasta 3.000 kilos de droga de una vez, que están prohibidas desde octubre, han enfilado su proa hacia la desembocadura del Guadalquivir: navegable hasta Sevilla, se convierte en una perfecta vía de escape para ocultar las embarcaciones en las naves repartidas por el cauce. Lo pudieron comprobar los atónitos bañistas que el primer fin de semana de agosto disfrutaban de la playa en Sanlúcar de Barrameda. A pleno día, dos lanchas cargadas de hachís y perseguidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional acabaron encalladas en la orilla. Los tripulantes fueron detenidos cuando intentaban escapar a pie, y los agentes tuvieron que quedarse custodiando el alijo mientras los bañistas grababan la escena.
No obstante, el Ministerio de Interior presume de los resultados del plan desarrollado tras las reiteradas peticiones de la comarca para afrontar un fenómeno que se desmadraba y llevó a algunos a hablar de la gestación del primer cartel de la droga en España: coches policiales embestidos, agentes apedreados, narcos sin reparos en asaltar por las bravas un hospital para rescatar a uno de los suyos… Desde el verano pasado, los narcos están asfixiados: se les han intervenido 750 vehículos usados para transportar la droga, entre ellos 133 lanchas semirrígidas que han acabado amontonadas en los pantalanes de los puertos ante la falta de espacio. Se ha descabezado a las principales organizaciones dedicadas al narcotráfico, como Los Castaña. Y además se han aprehendido 143,1 toneladas de hachís, 5,4 de cocaína; 500 kilos de heroína y 108 de marihuana, así como 758.999 cajetillas de tabaco de contrabando.
Uno de los pasos más importantes, señalan desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), es que se han cerrado muchos de los grifos económicos que antes permitían esta actividad delictiva con el aumento de las investigaciones patrimoniales y las operaciones contra el blanqueo de capitales, que se han incrementado el 86,9%. «Sin cash, los proveedores no te facilitan la mercancía, o no te alquilan naves para almacenarla», explican.
Aunque desde la AUGC y el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ponen un pero al balance exitoso: temen que el refuerzo solo dependa de la voluntad política del gobierno de turno. «Se ha cubierto el catálogo de plantilla, sí, pero se trata de refuerzos puntuales y, además, sobre un catálogo que corresponde a hace 20 años, con lo que las necesidades actuales lo dejan obsoleto». Y es que, en ocasiones, al tener que dedicarse a la lucha contra los narcos o la inmigración, denuncian, muchas de las competencias de seguridad ciudadana tienen que ser asumidas por agentes locales.
