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Nueva huelga por el planeta

Presión para que la urgencia climática llegue a España

Los grupos ecologistas y la revuelta estudiantil lanzan juntos la reclamación a los Gobiernos. «No vamos a parar hasta que se tomen medidas», advierte la organización Fridays for Future

 

Acción ecologista en la estatua de Colón de Barcelona, el pasado abril. - EFE / QUIQUE GARCÍA

MANUEL VILASERÓ
22/05/2019

Los principales oenegés ecologistas españolas y las revueltas juveniles de los Fridays for Future –Viernes por el Futuro– de la sueca Greta Thünberg se juntaron ayer por vez primera para lanzar un llamamiento conjunto a los gobiernos que se formarán tras estos meses electorales. Todos deben declarar «el estado de emergencia climática» y «actuar» de inmediato, reclaman las organizaciones. Los 26 colectivos que firman el escrito no se conformarán con grandes palabras de cara a la galería como ha ocurrido con la declaración aprobada por el Parlamento británico. Se movilizarán hasta que logren «una actuación rápida y contundente» que evite «los peores escenarios indicados por la ciencia». El llamamiento está dirigido tanto a los futuros gobiernos locales como a los autonómicos, el central y el europeo.

Las organizaciones ecologistas no habían logrado hasta hace poco que la población se movilizara en las calles contra el cambio climático. Se habían convocado manifestaciones pero la participación en las mismas venía siendo escasa por lo lejano y abstracto que parecía el objetivo. Pero la onda expansiva de la llamada desesperada de Greta Thünberg y sus viernes de huelgas escolares por el clima han dado un vuelco a la situación.

PROTESTA ESTUDIANTIL

El pasado 15 de marzo centenares de miles de estudiantes salieron simultáneamente a las calles de más de mil ciudades de todo el mundo y el próximo viernes han vuelto a ser convocados. «No vamos a parar hasta que se tomen medidas reales. No nos conformamos con titulares de los periódicos, porque nos están robando el futuro», advirtió la portavoz de Fridays for Future en España, Manuela Martín. A la movilización del viernes ya se han apuntado 30 ciudades españolas.

El momento en que se ha fraguado la alianza no puede ser más oportuno. Acaba un largo período en el que la lucha contra el cambio climático había sido apenas una nota a pie de página en las actuaciones de los sucesivos gobiernos del PP, mientras las alertas mundiales sobre la aceleración del calentamiento global se multiplican. A casi todas las administraciones se les abre un período de cuatro años, que, en palabras del director de Greenpeace España, Mario Rodríguez, deberá ser «la legislatura de la emergencia climática».

Además de Greenpeace, firman el llamamiento Ecologistas en Acción, WWF y Seo Bird Life, entre las oenegés clásicas. Además de Fridays for Future, también lo apoyan la replica de este movimiento entre los docentes, Teachers for Future, Madres por el Clima, 2020 Rebelión por el Clima, Extinción/Rebelión Spain y así hasta sumar 26 colectivos.

Esta última es la franquicia de la británica de Extinction Rebelion, que durante semanas cortó el paso en varios puentes de Londres e irrumpió en el Parlamento británico con espectaculares acciones hasta que lograron que los legisladores declararan la situación de emergencia climática.

DISTINTAS VELOCIDADES

El llamamiento conjunto no significa que a partir de ahora actúen a la vez. «Cada uno va a seguir su camino a la hora de actuar», según Nicolás Eliades, de Rebelión/Extinción España, que piensa trasladar a España las acciones de «desobediencia civil». Están todos de acuerdo en que los políticos «deben actuar más rápido», pero no cuánto más rápido, como ejemplifica la disparidad de los objetivos exigidos por cada colectivo.

Greenpeace propugna la reducción a cero de las emisiones de efecto invernadero en el 2040, mientras Extinción/Rebelión quiere que esto se produzca ya en el 2025. Ante estas discrepancias, se ha optado por fijar una «línea roja de la que no se debería bajar» y que figura en el escrito consensuado: una reducción de emisiones del 7% anual, lo que significaría un descenso del 61% en el 2030 y su casi desaparición en el 2040. El objetivo está muy alejado del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (PNIEC) que el anterior Gobierno mandó a Bruselas antes de entrar en funciones y que fijaba el recorte de emisiones en poco más de la mitad de las reclamadas ahora por las oenegés, un 32% en el horizonte 2030 respecto a las registradas en el 2017. La descarbonización se produciría en 2050, como marcan la Unión Europea y el Acuerdo de París.

Más allá de estas diferencias, el Gobierno se ha mostrado dispuesto a impulsar la declaración de emergencia climática en el Congreso en cuanto sea investido, acompañándolo de la ley de la tramitación de la ley de cambio cambio cuyo anteproyecto redactó durante los escasos ocho meses que se mantuvo en plenitud de funciones. De formarse un gobierno liderado por el PSOE, claro está.