Pese a la gran indignación que despertó la sentencia de La manada, la legislatura está a punto de concluir sin que se hayan reformado los delitos sexuales, para llevar el solo sí es sí que gritaron miles de mujeres en las calles al Código Penal. El Gobierno encargó un estudio a una comisión de expertos, pero no ha tenido tiempo de llevarlo a la práctica. Los juristas entregaron su trabajo en diciembre. Y Podemos presentó una ley contra las violencias sexuales, que cambia el paradigma y pone el acento en el consentimiento de la víctima, que fue admitida ayer a trámite por el Congreso, pero sin tiempo de aprobarla, ante la inminente disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

La mayoría de los grupos votaron a favor de la norma, pero avisaron a Podemos de que su contenido, que algunos tildaron de «ideológico», carece de «rigor» y de «seguridad jurídica». El PP y Ciudadanos, señalaron de hecho, que aunque apoyan reforzar la lucha contra las violaciones, de no decaer la legislatura, hubieran presentado una enmienda a la totalidad.

El PSOE, por su parte, anunció que si logran formar gobierno tras las elecciones presentarán una ley contra las agresiones sexuales con «una buena cimentación», algo de lo que carece, a su juicio, la normativa morada.

Lo novedoso de la ley es que unifica los delitos sexuales y estos ya no dependerán de la conducta del agresor y de si hubo o no penetración o violencia -esto último es lo que ahora determina la diferencia entre agresión y abuso-, sino de si la mujer está o no «de acuerdo» en la relación sexual. «Solo sí es sí», proclamó Irene Montero desde la tribuna.

Desde el PSOE, Ángeles Álvarez apoyó un «cambio de perspectiva» en el tema del consentimiento porque puede pasar que se diga que lo ha habido en mujeres que resultan muertas o que algunos jueces consideren la parálisis involuntaria como una aceptación implícita. No obstante, pidió a Montero que diga «a Colau o a Carmena» que dejen de alentar la idea de que poner un precio al sexo es «una practica socialmente deseable porque no lo es». Esta norma tipifica por primera vez el delito de acoso en la vía pública, que sería penado con una multa, así como la responsabilidad de las empresas en el acoso que sufra una trabajadora.

Además, las violaciones serían juzgadas en tribunales especializados en violencia sobre la mujer y no sería necesario denunciar para acceder a las ayudas.