La regularización que empezará en febrero es la más restrictiva de la historia. En primer lugar, la solicitud no la podrán presentar los propios inmigrantes. Sólo podrán hacerlo los empresarios que les hayan firmado el precontrato o bien sus representantes acreditados. Además, deberán estar empadronados antes del 31 de julio.
El Gobierno exigirá, además, por vez primera en un proceso de regularización extraordinario, un certificado que acredite los antecedentes penales del país de origen.
