La proposición de ley sobre la eutanasia del PSOE, aprobada a trámite ayer, incluye no solo el suicidio médicamente asistido (la autoadministración por parte del enfermo de la sustancia mediante prescripción y ayuda médica), sino también la eutanasia propiamente dicha: la administración directa de la sustancia por parte del médico al enfermo terminal, a quien asistirá hasta su muerte. Estas son las dos modalidades de «prestación de ayuda para morir» recogidas en una ley que, si todo sale como se espera, estará aprobada antes de que acabe la legislatura de los socialistas. Entonces, podrán valerse de ella personas que sufran una enfermedad grave incurable o una discapacidad grave crónica, y que tengan la nacionalidad española o residencia legal en España.

Actualmente existen en el mundo dos modelos de tratamiento normativo de la eutanasia: por un lado, los países que han despenalizado la eutanasia (Suiza, donde existe desde hace años el suicidio mecánicamente asistido, es un ejemplo) y, por otro, los países que han regulado los supuestos en que la eutanasia es una práctica legalmente aceptable, atendiendo siempre a requisitos y garantías. Si la ley del Ejecutivo de Sánchez sale adelante, España se convertirá en el cuarto país de Europa y en el sexto del mundo en legalizar la eutanasia. La eutanasia, hasta el momento, solo es legal en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia. La proposición de ley del PSOE incluye la creación, en cada comunidad autónoma, de un Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.

REACCIONES EN ARAGÓN / «Será un paso muy importante. Similar al que significaron en su momento las leyes del aborto y del matrimonio homosexual», explica José Luis Trasobares, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) en Aragón. La organización federal DMD, asentada en toda España, lleva desde 1984 pidiendo la legalización de la eutanasia. El vocablo, etimológicamente, significa «buena muerte». «Las Cortes aragonesas, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y los de otras localidades ya han aprobado resoluciones instando al Congreso a despenalizar y regular el suicidio asistido, recuerda Trasobares. Y agrega: «Disponer de la propia vida cuando esta se hace insoportable es un derecho inalienable».

Aun así, desde DMD matizan que no están totalmente satisfechos con algunos puntos de la ley. Por ejemplo, no les convence el hecho de que sea preciso superponer mecanismo de control y autorización, lo que impone un proceso que puede durar semanas e incluso meses. «A veces, ese lapso puede ser interminable y terrible para quien desea acabar ya con una situación terrible», añade Trasobares.

«Otro aspecto a tener en cuenta es que no haya confusiones entre eutanasia y sedación terminal, que debería ser el protocolo habitual cuando se trata de enfermos que llegan a una situación preagónica sin ninguna alternativa terapéutica», añaden desde la asociación.