Faltan tan solo unos días para que termine la campaña electoral y los españoles voten. El próximo lunes, 26 de mayo, los partidos tendrán que hacer análisis de sus resultados y volver a la realidad cotidiana. Y afrontar los temas pendientes. Incluso los líos internos, esos que con tanta frecuencia tratan de disimular u ocultar a la sociedad. La dirección del PP, por ejemplo, tendrá que hacer frente a una decisión pendiente: si sanciona y con qué dureza a los senadores baleares que, en una votación que tuvo lugar en la Cámara alta hace unas semanas, rompieron la disciplina de voto del grupo popular (algo inusual entre los disciplinados conservadores) para apoyar una iniciativa de los socialistas en contra de las prospecciones cuyo fin es buscar petróleo o gas en el Mediterráneo y en las proximidades de Canarias.

El asunto preocupa en el Gobierno y en el PP. A Mariano Rajoy no le gusta que se aireen los trapos sucios fuera de casa. Por eso se especula ya con que habrá "sanciones ejemplares" para esos senadores para evitar posibles contagios en caso de que la misma votación se produzca en un futuro en el Congreso. No se trata de una simple rebeldía de un puñado de parlamentarios, sino de la evidencia de que en el partido hay división y posiciones contrapuestas ante el proyecto que defiende el ministro de Industria, José Manuel Soria, de promover la búsqueda de hidrocarburos en aguas españolas. "Encontrar hidrocarburos sería la mejor noticia que podría recibir la economía de España", ha llegado a decir.

El Ejecutivo central --al menos hasta ahora-- ha apoyado la tesis de su ministro pensando en los beneficios económicos que podría reportar el hallazgo de petróleo o gas. Pero en Valencia y, sobre todo en Baleares, la gran mayoría de los populares se oponen a ese plan alegando que se podría producir un daño medioambiental irreparable y, además, perjudicar al sector turístico, ese que precisamente el ministro Soria ha señalado recientemente como motor de la recuperación.

CONTACTO TELEFÓNICO

El conflicto va en serio. Tanto que el presidente balear, el popular José Ramón Bauzá, no dudó en coger el teléfono recientemente y llamar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (quien tiene en sus manos aplazar las prospecciones hasta que haya consenso o autorizarlas si los estudios medioambientales encargados son favorables), para explicarle su rechazo a las prospecciones petrolíferas. Además, le informó de que había sido él mismo quien había dado "instrucciones" a los senadores de Baleares para que votaran con el PSOE y no con el Partido Popular sobre esta cuestión.

Según han confirmado a este diario fuentes populares y del Gobierno autónomo, Rajoy y Bauzá han tenido ya varias conversaciones al respecto en las que el barón conservador siempre muestra su disconformidad con el proyecto del Gobierno.

Bauzá es sin duda el político popular que más lejos ha llevado su oposición a los sondeos marinos que pretenden acometer algunas empresas, insistiendo siempre en que en las islas que gobierna hay rechazo unánime a la hipotética instalación de plataformas petrolíferas. De hecho, el Parlamento balear ha aprobado varias mociones contrarias a las prospecciones y el propio presidente autonómico se sumó a una protesta que se organizó en Ibiza. Los conservadores de Valencia tampoco comparten la intención del ministerio de Soria de permitir sondear el suelo marino, aunque demuestran menos contundencia que sus compañeros baleares: la diferencia fundamental entre las posturas de ambas organizaciones es que el PP valenciano supedita su posición final al informe de impacto medioambiental que aún están por realizarse.

En el otro lado de la cuerda están los populares de Canarias --liderados por el ministro Soria, presidente también del PP canario--, que apoyan con entusiasmo y por motivos económicos una propuesta que rechaza de plano el Gobierno de las islas, que dirige el nacionalista Paulino Rivero, defensor de promover un referendo antes de iniciar ninguna operación para estudiar si hay petróleo o gas en aguas de las Canarias. Rivero se desplazó hace semanas a la Moncloa para instar a Rajoy a frenar lo que él considera un despropósito. Salió de la reunión asegurando que el presidente era partidario de aplazar el visto bueno a las prospecciones en pro del pacto. Pero fuentes del Gobierno no lo confirman. Con este panorama de fondo es claro que Rajoy se enfrenta a una difícil tesitura: arriesgar políticamente para ver si los sondeos marinos traen consigo la buena nueva de que España cuenta con reservas desconocidas que disminuyan su dependencia energética o ponerse de lado de sus barones en el Mediterráneo, frenar las prospecciones y evitar enfrentamientos con los suyos en puertas de los comicios autonómicos de mayo del 2015.