La policía, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han abierto una investigación para determinar por qué se filtró el nombre de la víctima de La manada, que ha sido difundido en foros de internet y usado por machistas y nazis para vejarla. No obstante, será complicado determinar las responsabilidades. Además, según advierten los expertos, lo que aún es peor es que no existen suficientes garantías de que no se volverá a repetir que una persona (o un menor) atacada y humillada sufra una segunda victimización al ver su identidad difundida en los medios de comunicación o en su entorno, pese al expreso deseo de anonimato.
El problema radica, por un lado, en la normativa, que de forma genérica obliga a preservar la identidad, pero solo menciona expresamente a menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Y, por otro lado, es una cuestión de falta de medios, de un sistema de custodia adecuado y de formación, según coinciden jueces, abogados especialistas en tecnología, expertos en protección de datos y asociaciones encargadas de asistir a los afectados.
FALTA DE CONCIENCIA
Según denuncian, no existe una «cultura extendida, en todos los niveles», de la necesidad de evitar, por todos los medios, la difusión de datos protegidos. Y eso que hay protocolos para atajar la llamada doble victimización y que jueces, fiscales o la acusación puede pedir su aplicación desde el principio del proceso. Así sucedió con la denunciante del controvertido abuso sexual en los Sanfermines, y por ello el juicio se celebró a puerta cerrada, entre otras medidas de protección. Pero finalmente se filtraron sus datos debido a que, por error, en la sentencia anónima difundida a los medios se incluyó una copia del código CSV que permite a las partes tener acceso al fallo de manera íntegra y sin vetos.
«El fallo en La manada, donde debido a su impacto se intentó tener especial cuidado, y aun así se difundió su identidad, es un exponente clarísimo de que no se presta la atención debida a la protección», afirma Yolanda Besteiro, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, que presta atención a víctimas de delitos sexuales.
El presidente de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos, Ernesto Abelló, y el abogado experto en derecho de las tecnología Jorge Campanillas dan fe de que en muchos tribunales, especialmente aquellos unipersonales o con menos medios, hay frecuentes fugas de datos, como en notificaciones en tablones de anuncios o en resoluciones acumuladas en estanterías o pasillos repletos.
Incluso el moderno código CSV se ha demostrado ineficaz. Samuel Parra, socio del despacho de abogados ePrivacidad, avisa de que es «cuestión de tiempo» que alguien «consiga romper el algoritmo» y tener acceso a todas las sentencias sin anonimato. Mientras que David Maeztu, letrado especializado en tecnología, considera que lo lógico es que no bastase con tener el CSV para conseguir el documento y las partes tuvieran que identificarse con una firma digital, para evitar intrusismos.
Otro problema es que la ley de protección de testigos, que data de 1994, se ha demostrado «insuficiente», según denuncia Carla Vallejo, magistrada y socia fundadora de la asociación Mujeres Juezas. Esta normativa permite a los acusados conocer la identidad de las víctimas, garantía procesal que puede ser usada por estos para provocarle más daño, difundiendo por ejemplo sus datos en su entorno o en los medios, si el caso es de interés público. Cree que habría que modificar esta ley y el Estatuto de la Víctima, para lograr una mayor protección legal de las partes con «especial vulnerabilidad». Vallejo reclama, además, que haya un delito específico de difusión de los datos, tanto para los filtradores como para los medios que se hagan eco. Pide mejorar la formación de los operadores jurídicos y el sistema de custodia de datos. El reglamento europeo que entró en vigor ayer impone mayores multas, pero no modificará que las instituciones solo puedan ser apercibidas.
