El viernes 28 de diciembre, día en el que se conmemora el asesinato bíblico de niños y niñas por el Rey Herodes, a las 13:00 horas, entre menciones a compromisos sobre presupuestos, anuncios sobre las cuotas de autónomos, la situación en Catalunya y balance del año, el presidente del Gobierno hizo un anuncio que pasó casi desapercibido pese a su importancia trascendental en la erradicación de la violencia contra la infancia: el Consejo de Ministros había aprobado el Anteproyecto de Ley para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia. Este anuncio, que no llamó la atención de ninguno de los periodistas que allí estaban presentes y que apenas ha tenido impacto en los medios de comunicación, había sido largamente esperado por las organizaciones de infancia.

A pesar de que el anuncio de Pedro Sánchez se centró en los aspectos más punitivos de la norma, y que los Ministerios implicados aún no han publicado el texto al completo, lo que conocemos de la norma, da respuesta a numerosas peticiones hechas por Save the Children. El aumento del plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra niños y niñas, la obligatoriedad de los protocolos de prevención y protección frente a la violencia en escuelas y centros deportivos, el refuerzo del deber de comunicación de actos de violencia, o la obligatoriedad de grabar un único interrogatorio al menor víctima de un delito como prueba para evitar su revictimización en el juicio, van en línea con las recomendaciones hechas por la sociedad civil. Otras medidas como la especialización de uno de los adjuntos del Defensor del Pueblo en materia de infancia, el establecimiento de nuevos delitos cometidos por internet y que tienen a los menores como víctimas principales, o la creación de un responsable de protección en los centros escolares, van incluso más allá de lo demandado. Pero, a falta de conocer el texto completo y definitivo, existen grandes ausencias, como la especialización de juzgados y fiscalía en violencia contra la infancia, la educación afectivo-sexual, medidas específicas sobre violencia de género, prohibición de la esterilización forzosa o medidas para víctimas de trata menores de edad.

Pese a todo, el anuncio de un anteproyecto de ley que, aunque no sea perfecta, aunque no sea la mejor, cuando se apruebe, reforzará de manera fundamental el marco de protección de niños, niñas y adolescentes, es un paso fundamental en la erradicación de la violencia. Y es algo por lo que alegrarse. Pero lo que sucedió el viernes fue simplemente eso, un anuncio. Esperanzador, importante, necesario, pero un anuncio. ¿Qué hace falta para que se materialice en una legislación real?

El reto es doble. En primer lugar, si el Gobierno quiere cumplir con su compromiso de llevar el proyecto a Cortes en febrero de este nuevo año, el trámite de Audiencia Pública debe comenzar ya, y haber finalizado antes del que acabe el mes de enero. Si no se hace público el texto en los próximos días y no se inicia este trámite, la entrada del texto a Cortes se retrasará de manera importante y, con ello, la posibilidad de que la ley sea una realidad en 2019 estará aún más lejos.

Y aun considerando que este trámite se produzca a tiempo y el texto entre en Cortes a en un futuro cercano, si la mesa de portavoces del Congreso de los Diputados no la tramita de urgencia y todos los grupos políticos no dejan a un lado sus diferencias ideológicas e intereses partidistas en aras de la protección de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, nos podemos encontrar con un proceso legislativo plagado de enmiendas y extensiones de plazos que hagan imposible su aprobación antes de las próximas elecciones.

Entonces, ¿estamos de celebración? ¿Hemos brindado en las cenas familiares por el anuncio del día 28? La realidad es que, aunque nos hemos alegrado, no hemos bajado la guardia. En este comienzo de año vamos a continuar exigiendo a todas las partes implicadas que cumplan con los plazos y compromisos que han adquirido con la infancia. No vamos a descansar hasta que la lucha por la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia sean una realidad, que el anuncio del día 28 se materialice en una normativa robusta y con recursos. Porque tenemos que asegurarnos de que el anuncio hecho por el Gobierno se traduzca en una garantía de protección de los más vulnerables e inocentes en nuestra sociedad, y no quede en una simple inocentada.