El Gobierno, a través de la secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, expresó ayer su "máxima protesta" por la decisión de la Audiencia de Barcelona sustituir la situación de prisión del imán de Fuengirola por un curso de formación. "En los casos de violencia contra las mujeres, las penas deben aplicarse con contundencia", aseguró Murillo para añadir que el curso podría ser una pena complementaria pero nunca sustitutiva.
La portavoz de la red de organizaciones feministas contra la violencia de género, María Angeles Alvarez, calificó de "despropósito" el argumento del curso como sustitutivo de la cárcel. La secretaria de Igualdad del PSOE, María Isabel Montaño, lo calificó de "sorprendente".
