El grupo socialista en el Congreso ha pedido explicaciones al Gobierno sobre las condiciones laborales de los especialistas (psicólogos con experiencia en el ámbito infantil, juristas, sociólogos y trabajadores sociales) que atienden el servicio telefónico gratuito contra el acoso escolar y que perciben unos 500 euros mensuales por su trabajo, similar al de cualquier telefonista no cualificado.

El PSOE denuncia que «a la hora de formalizar los contratos con la empresa adjudicataria del servicio (AlcaláBC Servicios y Procesos, S.A.), estos profesionales se han encontrado con unas condiciones salariales muy alejadas del salario medio de los profesionales de actividades sanitarias y de servicios sociales, llegando a cobrar por 20 horas trabajadas en fin de semana, en cualquier turno, cerca de 500 euros mensuales brutos, lo que significa cobrar menos de 450 euros netos».

Según datos del INE, en el 2015 el salario medio de dichos profesionales era de 2.423 euros por jornada completa y de 915 euros por media jornada.

La situación, desvelada ayer por el diario El País, se produce en un servicio que fue presentado como la joya de la corona del programa para la convivencia escolar, puesto en marcha por el MInisterio de Educación hace menos de siete meses y que ha tenido una alta aceptación entre los usuarios, tanto niños como familias. Pese a ello, el ministro Íñigo Méndez de Vigo afirmó, al ser preguntado por el asunto, que la situación laboral precaria denunciada por psicólogos que atienden el 900018018 no compete a su departamento, sino a la empresa adjudicataria del contrato. Méndez de Vigo insistió en que «lo que importa es que el servicio sea bueno».

El ministro valoró los resultados de este recurso que se puso en marcha el pasado 1 de noviembre y que, desde entonces ha recibido más de 17.000 llamadas, de las que unas 6.000 se han derivado a las autoridades educativas y los casos más graves a la Policía y Guardia Civil. «Lo importante es poner a disposición de las familias este servicio», reiteró Méndez de Vigo antes añadir que no es el ministerio el que contrata a la veintena de especialistas que están al otro lado de la línea.

Los socialistas reclaman saber «qué opinión tiene el Gobierno sobre que los profesionales que atienden el teléfono contra el acoso escolar tengan unas condiciones laborales precarias» y «qué grado de responsabilidad considera el Gobierno que tiene sobre el trato laboral vejatorio que están sufriendo estos trabajadores».