El pasado julio, la oposición casi al completo firmó un acuerdo en el que se comprometía a derogar la polémica ley de mejora de la calidad educativa (LOMCE) en cuanto hubiera cambio de Gobierno. Ayer, el PSOE fue más allá y presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso contra una norma que considera "mala para la democracia". No se trata de la primera impugnación de esta ley. Antes que los socialistas, acudieron al máximo intérprete de la Carta Magna los gobiernos autónomos de Andalucía y Canarias. El plazo para interponer el recurso acaba el lunes, y las otras dos autonomías no gobernadas por el PP, Cataluña y Asturias, no lo han presentado.

Aprobada con los únicos votos de los conservadores, la llamada 'ley Wert' (en referencia al apellido del ministro de Educación) cuenta con el rechazo de la comunidad educativa, las asociaciones de padres de alumnos y el resto de partidos políticos.

Los argumentos de los socialistas para defender que la iniciativa es inconstitucional son numerosos. En su escrito ante el tribunal sostienen que la norma avala la segregación por sexos al blindar los centros de educación diferenciada. También señalan que reduce la participación de profesores, estudiantes y padres en los centros escolares, así como que atenta contra la igualdad al separar a los alumnos por itinerarios.

"Se trata de una mala ley para este país, para la igualdad de oportunidades y para la democracia", dijo la vicesecretaria general del PSOE y candidata a los comicios europeos del 25 de mayo, Elena Valenciano. Los socialistas son el único grupo parlamentario que puede acudir por sí mismo ante el TC, algo para lo que se requieren al menos 50 diputados, y Valenciano señaló que el motivo principal para presentar el recurso radicaba en que la comunidad educativa se lo había "pedido".

A la salida del tribunal, la número dos de los socialistas también reiteró que la norma será derogada en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta. Si no hay adelanto, las generales tendrán lugar a finales del próximo año. Es difícil que los magistrados hayan resuelto los recursos antes de ese momento.