La ofensiva política y social por conseguir cambiar el contenido de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) en lo que se refiere a la duración de los contratos de alquiler puede resolverse antes de que acabe la actual legislatura, como ha expresado a este diario el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Para ello es clave que se pongan de acuerdo el propio partido socialista y Podemos, los dos grupos parlamentarios que han presentado proposiciones para modificar la ley que instauró los contratos de tres años de duración en el 2013, cuando el PP modificó la ley del alquiler.

Por sí solos no cuentan con mayoría suficiente para sacar adelante su proyecto, pero ambos partidos han concretado su voluntad de acercar posturas con el objetivo de aprobar una modificación conjunta cuando en septiembre se reanuden las sesiones del pleno del Congreso.

«Estamos buscando fechas para hablar y acercar posturas en los aspectos en los que mantenemos discrepancias», comenta Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem en el Congreso. Martín, además, recuerda que Podemos ya ha sacado adelante dos iniciativas parlamentarias relacionadas con la ley mientras gobernaba el PP. «Hemos conseguido consenso antes y lo podremos hacer ahora», puntualiza. También Beatriz Corredor, secretaria de Vivienda del PSOE y responsable de la propuesta legislativa socialista, destaca la voluntad de llegar a acuerdos con Podemos. La posición de ambos partidos no es diametralmente opuesta, aunque es cierto que existen algunas diferencias significativas. En la ampliación del contrato a un mínimo de cinco años sí que existe coincidencia. «Políticamente ya está asumido», precisa Martín.

Ambos partidos defienden la ampliación de los contratos a cinco años, como mínimo. En el caso del PSOE es recuperar la figura anterior a la modificación legal del 2013: cinco años, más tres de prórroga. Por su parte, Podemos quiere volver al contrato de cinco años, con prórroga automática de otros cinco en el caso de las personas que se planteen una duración de largo plazo. En este caso, se considera un contrato protegido de 10 años. Se formula, asimismo, que cuando el propietario de la vivienda sea una persona jurídica (empresa, socimi o fondo de inversión) esté obligado a introducir la prórroga de forma obligatoria.

En ambas propuestas se incluyen mecanismos para el control de los precios. En el caso del PSOE, se plantea un índice de precios del mercado que sirva de baremo para establecer ayudas fiscales a los propietarios que alquilen a precios inferiores a los registrados por el índice para la zona en cuestión. Podemos considera que esa fórmula no aclara si las empresas podrán beneficiarse, ya que la desgravación se aplicaría al IRPF, con lo que los incentivos fiscales no les privarían del rendimiento que significa las subidas de precios. «No ayudaría al control del mercado», dice Martín. Consideran indispensable crear una herramienta que permite regular los precios del mercado en las localidades en las que hay tensiones de la demanda.