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El ministro de Justicia anunció que el anteproyecto será enviado por el Ejecutivo para su consulta al Consejo de Estado, pese a no estar obligado a ello. Sin embargo, no será remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No es obligatorio hacerlo. En esta ocasión es potestativo o facultativo", argumentó Fernando López Aguilar.
Esta decisión causó un nuevo desencuentro con el CGPJ. Su portavoz, Enrique López, tachó de una "gran sorpresa" el anuncio, ya que a su juicio el anteproyecto incluye materias que deben ser informadas por el Consejo. López anunció que el pleno del CGPJ del próximo miércoles analizará si es oportuno requerir al Gobierno para que remita el texto.
FUERA DE LUGAR La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) calificó de "anormal" y "fuera de lugar" la decisión del Gobierno de no enviar el anteproyecto al CGPJ. El portavoz de la APM, mayoritaria en la carrera judicial José Manuel Suárez Robledano, destacó que "las leyes deben ser aplicadas por los jueces, por lo que algo tendrá que opinar su órgano de gobierno".
Jueces para la Democracia eludió comentar la decisión al considerar que la legislación sobre el asunto es "demasiado interpretable".
UNA TRADICION Manuel Torres Vela, portavoz de la conservadora asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, consideró que con esta determinación "se rompe una tradición" y añadió que "cualquier reforma que afecte al derecho sustantivo o procesal debería seguir contando con el informe del Consejo".
Aunque dijo respetar la decisión del Ejecutivo, Torres Vela, insistió en que el órgano de gobierno de los jueces "debe informar de todos los proyectos de ley que afectan a la Justicia" y, por tanto, también los que modifiquen el Código Civil, como ocurre con este anteproyecto.
