Realizar el mayor número de test posibles a las personas que presenten síntomas de coronavirus se está demostrando como una de las mejores herramientas para frenar la pandemia, como prueban los casos de Corea del Sur y Alemania. España, como reconoció este domingo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, va por detrás: "Se están realizando de 15.000 a 20.000 test diarios, pero es necesario aumentar esta capacidad de diagnóstico".

Existen dos tipos. El más fiable es el conocido como PCR (siglas en inglés de reacción en cadena de la polimerasa). Se lleva utilizando desde hace años para descubrir enfermedades infecciosas y consiste en detectar el material genético del virus en una muestra respiratoria del potencial enfermo. El problema es que debe ser realizado por personal especializado y que tarda entre cuatro y cincos horas en dar el resultado en condiciones normales, que se pueden extender a más de 24 horas por la saturación actual de los laboratorios.

Por ello, los países están tratando de hacer cada vez más tests de diagnóstico rápido. Estas pruebas no buscan detectar la enfermedad genéticamente de forma directa, sino los anticuerpos generados por el organismo para combatirla o las proteínas de la misma. La ventaja es que son más fáciles de usar y apenas tardan entre 10 y 20 minutos en ofrecer el resultado. El inconveniente, que son menos fiables, ya que un enfermo puede estar contagiado y no haber generado todavía defensas.

Impulsar como "complemento"

Sanidad ha asegurado que los va a impulsar como "complemento" a los PCR, con el objetivo de "llegar a un mayor número de población diagnosticada". En una primera fase se dirigirán especialmente a los hospitales y a colectivos vulnerables, como las residencias de ancianos. "Los que den positivo serán casos confirmados y si dan negativo, deberán realizar una PCR", ha precisado.

El Gobierno ha anunciado que entre este domingo y este lunes llegará a España la primera partida de un millón de tests rápidos, una cantidad todavía muy limitada. El problema de fondo es que todo el mundo se ha lanzado a la compra de un material sanitario que la producción global es incapaz de abastecer. Las empresas exigen el pago al contado y prometen enviar pedidos que luego se retrasan.

La partida anunciada por el Ejecutivo se produce después del fiasco de la semana pasada, cuando llegaron al país las primeras unidades de de las 640.000 adquiridos por el Ejecutivo a una empresa china sin licencia a través de un proveedor nacional, que hubo que desechar por su escasa sensibilidad: menos de un 30%, cuando debería superar el 80%. El ministerio ha asegurado que el Instituto de Salud Carlos III ha evaluado ya más de 70 modelos para elegir el más fiable.