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Ante la audiencia nacional

Querella criminal contra los impulsores del proyecto Castor

Una plataforma acusa a los exministros y empresarios que fraguaron el proyecto. Clos, Sebastián, Soria, Álvarez y Florentino Pérez, entre los denunciados

 

La plataforma Castor, en una imagen tomada en octubre del 2013. - JOAN REVILLAS

EL PERIÓDICO
28/02/2018

La Audiencia Nacional tiene sobre la mesa una querella criminal contra varios exministros, antiguos cargos públicos y empresarios que impulsaron el proyecto Castor por los supuestos delitos de prevaricación, fraude a la Administración pública y malversación de caudales públicos.

Presentada por la Red del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), que ejerce la acusación popular, esta nueva acción judicial pone el foco sobre el negocio y la deuda generados por el fracasado almacén de gas submarino, que puede superar los 3.300 millones de euros.

Concretamente, la acción se dirige contra los exministros de Industria socialistas Joan Clos y Miguel Sebastián, así como el del PP José Manuel Soria; el exsecretario general de Industria Ignasi Nieto; la exministra de Fomento del PSOE y exvicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez; la exministra socialista de Agricultura y Medio Ambiente Elena Espinosa; el exconsejero de Urbanismo valenciano Juan Cotino; el presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro; y el de ACS, Florentino Pérez.

La querella responsabiliza a Florentino Pérez de haber urdido, entre el 2007 y el 2008, «un plan delictivo dirigido a obtener, mediante el desarrollo del proyecto Castor, un altísimo beneficio empresarial ilícito derivado de la construcción de la infraestructura, su explotación y la materialización de su financiación sin riesgo para la empresa». Esta tesis abona la idea de que el almacén de gas submarino se concibió como un negocio especulativo centrado en su construcción y blindado administrativamente.

Los querellantes consideran que, para hacer realidad este plan, el empresario necesitaba la «concertación de los principales responsables de las políticas energéticas y de infraestructuras del Gobierno español». En este sentido, los ministros y cargos denunciados no solo habrían sido conocedores de estos objetivos, sino que facilitaron «todos y cada uno de los actos administrativos necesarios para el éxito de la operación». Se trató, agrega, de decisiones «criminales» de los poderes públicos, «adoptadas al margen de la ley, arbitrarias e injustas, con riesgo a la seguridad y la salud pública y contrarias al interés general».

Entre los principales aspectos, el ODG recuerda el decreto de concesión aprobado por el Gobierno (del PSOE) en el 2008, que preveía, por primera vez en una infraestructura de este tipo, indemnizar a la empresa concesionaria a pesar de que llegara a actuar de forma dolosa o negligente. Una norma que se gestó durante el mandato de Clos al frente de Industria y que aprobó su sucesor, Miguel Sebastián.

La querella señala también que la la evaluación de impacto ambiental (con Elena Espinosa como ministra de Agricultura) fue aprobada sin exigir a la empresa un estudio de riesgo sísmico, tal y cómo habían reclamado instituciones científicas.