El rechazo frontal de las hermandades ha hecho que el Ayuntamiento de Aznalcázar (PSOE), cuyo término está en parte dentro de Doñana, haya pospuesto la aplicación del canon con el que quería gravar el paso de las hermandades rocieras. La medida --que suponía el pago de entre 1.000 y 1.200 euros, en función del tamaño de las comitivas, y una fianza de 3.000 euros-- pretende compensar los daños ecológicos del tránsito de los rocieros.

Las escenas de toneladas de basura desperdigada por los montes públicos y lugares emblemáticos de Doñana tras el paso de las hermandades se repite cada año, y los operarios tardan más de dos semanas en limpiar.