Pese a que las denuncias de violaciones siguen aumentando a un ritmo de un 23% anual, según la última memoria de la Fiscalía, que alerta de una preocupante subida del 43% en la violencia machista y sexual protagonizada por menores, la reforma de los delitos sexuales, que prevé endurecer algunas penas y clarificar qué es o no es delito sigue en el cajón, debido a la inestabilidad política y la falta de Gobierno.
La Sección de Penal de la Comisión de Codificación a la que el exministro de Justicia Rafael Catalá encargó un informe sobre cómo modificar el Código Penal, como respuesta a las protestas que generó la primera sentencia de La manada de los Sanfermines -que en primera instancia condenó al 'Prenda' y sus cuatro amigos por abuso sexual y no por agresión, situación que corrigió el Supremo, al elevar la pena a 15 años - entregó su informe al Gobierno, que lo estudió en Consejo de Ministros el pasado diciembre.
EL CONSENTIMIENTO EXPRESO
A partir de las recomendaciones de los expertos, el Ministerio de Justicia elaboró un anteproyecto legal, que estaba casi listo pero que no dio tiempo a aprobar debido al adelanto electoral. Y todo indica que continuará varios meses más cogiendo polvo si Pedro Sánchez no logra los apoyos para ser investido y se repiten las elecciones generales.
La intención del Gobierno es acabar con la distinción entre abuso y agresión (cuando hay violencia o intimidación) que ha generado tanto rechazo, incluido en el ámbito jurídico, y que cualquier ataque a la libertad sexual sea considerado agresión. Asimismo, prevé introducir el término violación en Código Penal, para denominar las agresiones con penetración. Y, teniendo en cuenta el clamor a favor del sólo sí es sí, se castigará con prisión cualquier comportamiento sexual sin consentimiento.
DESAPARECEN LAS MULTAS
En la modalidad más grave, las agresiones sexuales se seguirán castigando con hasta 15 años de prisión, pero en los casos más leves la intención del Ejecutivo es aumentar la pena de uno a tres años de cárcel. Asimismo, prevé que desaparezcan las penas de multa, para que siempre se castigue con privación de libertad un delito que genera un fuerte rechazo social.
Por último, tal como adelantó la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, se prevén medidas para limitar los beneficios, la clasificación en tercer grado y los permisos penitenciarios de los delincuentes sexuales. No se otorgarán hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena impuesta.
