La mesa técnica del sistema de atención a la infancia creada en virtud de una proposición no de ley aprobada en las Cortes en marzo e 2016 ha concluido sus trabajos para la reforma del sistema y ha elaborado un documento en el que se prima la permanencia en la familia de origen o en una de acogida frente a las residencias o centros públicos.
La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, ha comparecido hoy ante el pleno de las Cortes a petición de la diputada de IU Patricia Luquin para explicar las conclusiones de esta mesa técnica, que ha celebrado nueve talleres presenciales con 36 horas de debate en los que han participado 195 personas de 82 entidades representadas.
Bajo las premisas de que la situación social ha cambiado y los menores tienen otras necesidades y de que es necesario revisar los protocolos existentes, la mesa técnica comenzó sus trabajos con un documento inicial elaborado por los profesionales de la atención a la infancia que contó con la participación de los propios menores, ya que el 81 por ciento de los que protege el sistema contestaron a una encuesta sobre sus demandas y necesidades.
Así, la mesa ha concluido sus trabajos con un documento que basa sus conclusiones en el primer objetivo de que todas las actuaciones se realicen con la vista puesta en el interés de los menores.
El documento habla de la necesidad de garantizar la permanencia de estos en su familia de origen en primera instancia y, después, dar prioridad al acogimiento familiar frente al residencial.
No obstante, se ha concluido la necesidad de adecuar el modelo residencial a la nueva normativa, además de mejorar las instituciones que atienden a los menores conflictivos e impulsar la cooperación institucional y social.
Además, Broto ha recordado que el Consejo de Gobierno ya tomó en consideración la tramitación de la nueva ley de infancia y adolescencia de Aragón.
Luquin, por su parte, ha insistido en la necesidad de que las políticas de menores estén "en el centro de la agenda" del departamento de Broto, así como en que los servicios externalizados recuperen la gestión pública en la medida de lo posible, "para evitar problemas gravísimos de otros momentos".
En los casos en los que es necesario concertar, ha reclamado que el precio ya no sea el criterio más importante en los pliegos de condiciones.
Para las diputadas del PP y Ciudadanos Ana Marín y Desirée Pescador el Gobierno aragonés ha "perdido el tiempo" con este asunto, en tanto en cuanto la mesa técnica ha tardado dos años en dar resultados.
Ambas han coincidido en reclamar la adaptación de la legislación aragonesa a la ley estatal sobre el asunto aprobada en 2015, y Marín ha señalado que las conclusiones de la mesa, que pueden ser "beneficiosas" para los menores, son solo una adaptación de las medidas que contiene esta norma aprobada por el PP a nivel estatal, ha recordado.
Broto ha rechazado que la reforma del sistema que ha impulsado su Gobierno en Aragón sea un "lavado de cara", como le ha reprochado Elena Allué desde el PAR
