El Ministerio de Justicia dio un volantazo y cambió, el pasado fin de semana, el criterio emitido apenas unas horas antes en cuanto a la posibilidad de inscribir a los bebés concebidos en otro país a través de la gestación subrogada. El 15 de febrero, la Dirección General de Registros y Notariado, que depende del ministerio, envió una instrucción a todos los consulados para informarles de que una prueba de ADN bastaría para inscribir a los niños en los países que no emiten sentencias de filiación paterna, como Ucrania, donde varias familias españolas están a la espera de formalizar los trámites. Sin embargo, al día siguiente Justicia dejó sin efecto las órdenes emitidas. El motivo, según explicó la ministra del ramo, Dolores Delgado, en La Sexta y RNE, es que ella «no tuvo conocimiento» de la instrucción, y por eso, cuando supo de la misma, la frenó «personalmente», en pleno fin de semana. El Gobierno no dio detalles de quién es el responsable del fallo. Fuentes de Justicia trataron de minimizarlo al calificarlo de «error» humano sin trascendencia, puesto que ni siquiera se publicó en el BOE. Lo cierto es que la instrucción de la Dirección de Registros era sorprendente porque suponía dar facilidades a las familias que acuden fuera a satisfacer su deseo de ser padres, cuando el Gobierno abjura de la maternidad subrogada, que compara con el tráfico de órganos.
