Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), recintos donde se recluye a los inmigrantes en proceso de expulsión en unas condiciones como las de las cárceles pero sin garantías legales, ya tienen el reglamento que debe sacarlos del limbo que daba pie a todo tipo de abusos. El Consejo de Ministros lo aprobó ayer con casi cuatro años de retraso y una mejora de última hora. A petición del Consejo de Estado, se prestará a los internos atención médica sin restricción.

La última reforma de la ley de extranjería incluyó una disposición adicional por la que debía aprobarse un reglamento antes de junio del 2010. Pero ni en los dos últimos años de su legislatura lo cumplió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ni el de Mariano Rajoy se ha dado ninguna prisa. Presionado por oenegés, el Defensor del Pueblo y la mayoría de los partidos políticos, el Ejecutivo empezó a trabajar en el texto dos años atrás. Pero aunque estaba listo desde hace más de medio año, no lo ha descongelado hasta coincidir con el aluvión de críticas por las muertes de Ceuta.

DERECHOS GARANTIZADOS

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sacó pecho por un texto que, aseguró, "introduce las máximas garantías" de respeto a "los derechos y libertades" de los inmigrantes. El reglamento encomienda la gestión denominada "asistencial" "a oenegés o empleados públicos especializados". Estos podrán "organizar y ejecutar" los servicios de atención social, sanitaria, jurídica y cultural. La policía se encargaba hasta ahora del 100% de la gestión. El director era un agente y dirigía a su antojo sin sujeción a ningún tipo de normativa. Ahora la policía verá limitada su presencia a la seguridad, tanto interna como externa.

El cambio en la atención médica no es baladí, porque el primer borrador preveía "la asistencia médica sanitaria adecuada cuando sea necesaria a criterio" de unos servicios médicos que no están disponibles, según el Consejo de Estado "día, noche, festivos y fines de semana". El organismo consultivo argumentó que "no resulta aceptable que el reglamento, al configurar los derechos de los internos, introduzca limitaciones o restricciones en un ámbito en el que está en juego la salud e incluso la vida de los extranjeros".

UNIDADES FAMILIARES

Los inmigrantes podrán presentar quejas y peticiones e interponer recursos sobre el funcionamiento del centro, además de contactar con las onegés. "Los internos que formen una unidad familiar" podrán permancer juntos "siempre que las instalaciones lo permitan" y se amplía de dos a cuatro horas el paseo diurno.

Las mejoras incluyen la contratación de intérpretes, servicios sociales y asistencia médica presupuestados en 3 millones de euros que se añadirán a los 8,8 que cuestan anualmente los CIE. Se invertirán, además, otros 2,5 millones en la mejora de instalaciones actuales.

La primera reacción de las oenegés que han encabezado la lucha contra la situación de los CIE ha sido de prudencia y desconfianza. "Lo más importante es lograr que se respeten los derechos fundamentales de los extranjeros y con los datos que tenemos no podemos juzgar si son solo palabras", señaló Jose Tenyín, uno de los portavoces de la oenegé SOS Racismo.