El anuncio del Gobierno sobre que el Ejecutivo está últimando nuevas medidas para regularizar a los inmigrantes sin papeles que llevan cierto tiempo trabajando en la economía sumergida ha desatado numerosas reacciones de distinto signo en partidos políticos, sindicatos y asociaciones humanitarias.El secretario general del PP, Mariano Rajoy, ha criticado que el Gobierno pretenda "legalizar" la situación de los inmigrantes que tienen "contratos ilegales" y ha alertado de que esta medida puede suponer "un efecto llamada de considerables proporciones".El dirigente popular ha manifestado que la legalización de los inmigrantes irregulares que tengan algún tipo de contrato, anunciada por el Ejecutivo, es contraria a lo que se "está haciendo en todos y cada uno de los países de la Unión Europea".Un favor a las mafiasRajoy ha censurado que ante un "enorme problema de inmigración", con el aumento del número de pateras y de personas que han llegado a las costas españolas, junto con los accidentes registrados este verano, el Gobierno se limite a anunciar que "se va a legalizar la situación de muchísimos miles de personas que están en situación ilegal".En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, que ha advertido de que los pasos que está dando el Gobierno socialista en materia de inmigración favorecen la actividad de las mafias y podrían incrementar los riesgos de precariedad laboral en España.Además, ha censurado que el PSOE vincule sus nuevas medidas a la supuesta falta de iniciativa de la etapa anterior, y ha achacado al partido de José Luis Rodríguez Zapatero un "cierto complejo" respecto a lo conseguido por el Partido Popular. La “caótica” herencia del PPPor el contrario, la secretaria de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, ha afirmado que las medidas para la regularización de inmigrantes que baraja el Gobierno "estarán vinculadas al mercado laboral y podrán acogerse sólo las personas que el Gobierno del PP dejó aquí como irregulares".Rumí, que ha denunciado la "situación caótica" heredada del Gobierno del PP en esta materia, ha dicho a los periodistas en Almería que al final de la anterior legislatura más de dos millones y medio de extranjeros se encontraban empadronados en nuestro país y "menos de un millón y medio estaban afiliados a la Seguridad Social".La secretaria de estado ha asegurado que las nuevas propuestas "no van a afectar al inmigrante clandestino que llegó ayer o que llegue hoy", sino que estarán destinadas a aquellos que lleven un tiempo trabajando en nuestro país.El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, ha dicho que las últimas medidas planteadas por el Gobierno sobre regularización de sin papeles son "positivas" aunque "insuficientes", y ha exigido respuestas "urgentes" en materia presupuestaria, legal y de integración de los inmigrantes.Llamazares ha anunciado que plantearán estas demandas en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados que se reúne el miércoles a petición de su grupo parlamentario para decidir si el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, comparece para informar de la política de inmigración del Ejecutivo.Los sindicatos apelan a la calmaEl secretario ejecutivo de UGT, Jesús Pérez, ha calificado de "inmaduro e imprudente" el anuncio del Gobierno porque puede "crear falsas expectativas" a los inmigrantes y "dificulta el diálogo social" sobre este asunto.Pérez ha dicho que "hay que evitar la demagogia" en este ámbito, tan serio que "las decisiones que se tomen al respecto deberían tener rango de Pacto de Estado".A pesar de las críticas, se ha mostrado de acuerdo con el enfoque de esta iniciativa que plantea solventar la situación desde una "óptica laboral" ya que, en su opinión "ésta es la raíz del problema".El secretario confederal de Migraciones de CCOO, Julio Ruiz, ha opinado, a través de un comunicado, que el Gobierno no puede delegar la responsabilidad de la regularización de los inmigrantes en los empresarios y pide que se negocie con los agentes sociales el nuevo reglamento.CCOO señala que entiende que la principal razón de la inmigración es económica y, por tanto laboral, y de ahí que proponga la figura del arraigo laboral como medida de regularización individual.El vicepresidente de la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME), Kamal Rahmouni, ha calificado de "interesante" la propuesta del Gobierno para regularizar la situación de los inmigrantes que trabajan en España, pero ha criticado que se deje "en manos de los empresarios" la regularización.El director de Amnistía Internacional en España (AI), Esteban Beltrán, ha afirmado que "todavía falta mucho por hacer" y que AI espera que con el reglamento de la nueva ley de extranjería y con la posible reforma en el 2005 "se acometan los problemas aún existentes en materia de inmigración".El máximo responsable de AI en España entiende que la regularización de los extranjeros con una "relación fehaciente con el mercado laboral" es una medida administrativa y no tiene nada que decir sobre este punto, aunque ha reconocido como aspectos positivos que se vaya a dar el derecho al trabajo y favorecer que salgan a la luz muchas personas en estado de trabajo ilegal.