El Congreso convalidó ayer con 340 votos a favor y dos abstenciones el cuestionado decreto-ley con el que el Ejecutivo puso en marcha en agosto las primeras medidas de calado recogidas en el pacto de Estado contra la violencia machista. PP y Ciudadanos, así como algunas asociaciones de jueces, abogados o psicólogos, habían alzado la voz para cuestionar que el Ejecutivo aprobara por procedimiento de urgencia, en plenas vacaciones, y sin el suficiente «debate», la modificación de normas básicas como ley integral contra esta lacra o el Código Civil. Pero la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha logrado acallar el malestar aceptando que el decreto se tramite como proyecto de ley, para que los grupos puedan incorporar sus discrepancias.
Además del debate formal en torno a la siempre polémica utilización del real decreto-ley, dos cuestiones más de fondo generaron suspicacias entre algunos juristas: que se faculte a las víctimas a acceder a las ayudas sin denuncia previa, con un informe habilitante del fiscal o los servicios sociales, y que los hijos de los maltratadores puedan recibir ayuda psicológica sin autorización paterna.
El decreto-ley modificará también la ley de Bases del Régimen Local para devolver a los ayuntamientos las competencias de igualdad y prevención de la violencia machista, con el objetivo de que se «conviertan en lugares de escucha, asilaje y respuesta» de las víctimas y sus hijos. ERC o PNV no se mostraron conformes con esta modificación.
Pero finalmente, salvo dos abstenciones, todos los grupos votaron a favor, con la vista puesta en no romper el consenso alcanzado en las Cortes hace un año en esta materia -donde solo Podemos se abstuvo-. Ha sido determinante en la unanimidad que Calvo haya aceptado tramitar el decreto como proyecto legal, según explicitaron PP y Cs, que habían amenazado con votar en contra pese a que los partidos hacen grandes esfuerzos por demostrar unidad ante una lacra que este año se ha cobrado ya 33 vidas y 957 desde el 2003.
GRANDES DIFICULTADES / Pese a los esfuerzos, el pacto avanza entre grandes dificultades. El PP fue desalojado del poder antes de poner en marcha alguna medida de calado y al Gobierno actual le ha llevado un tiempo el análisis de la situación, hasta concluir que de las más de 200 propuestas, las incluidas en el decreto-ley son las más urgentes. El motivo, la mayoría de las maltratadas no denuncian y los menores, que viven en entornos donde los malos tratos es una constante, «no tienen las condiciones para saber reaccionar y están condenados a un currículo vital tenebroso», en palabras de la vicepresidenta.
De ahí que, para ayudar a las mujeres que no se atreven a pedir ayuda, se les da la posibilidad de acceder a la información, la asistencia social integral y la ayuda jurídica sin interponer una denuncia formal. Ya hay Comunidades Autónomas que lo aplican y, según destacó Calvo, no por eso se ve afectada la «capacidad jurisdiccional» de los tribunales, que seguirán jugando un importante labor a la hora de dictar medidas preventivas y condenas. Además, se devuelve a los ayuntamientos las competencias porque muchas afectadas, sobre todo de ámbitos rurales, prefieren dirigirse a la administración más cercana.
En cuanto a los menores, la reforma establece que la atención psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común de la patria potestad, cuando alguno de los progenitores esté incurso en un proceso penal relacionado con violencia machista. «Esto se llama valor superior de protección al menor», sentenció Calvo, quien propuso a los grupos que de aquí a final de año se den los primeros pasos para poner en marcha el resto de modificaciones legales incluidas en el pacto.
