Hasta el año 2000, los casos de abusos sexuales fueron tratados generalmente por el Vaticano a puerta cerrada, o sea, como delitos contra la moral. Gobernaba la Iglesia Juan Pablo II y el cardenal Joseph Ratzinger presidía la Congregación para la Doctrina de la Fe, competente para estos casos. En varias ocasiones, el cardenal Ratzinger intentó convencer al Papa de la necesidad de abrir alguna comisión investigadora, como por ejemplo en el caso de los abusos cometidos por el cardenal de Viena Hermann Wilhelm Groër, pero no le dejaron.
Las primeras medidas para atajar el escándalo que se avecinaba las tomó el episcopado norteamericano, por imposición de Juan Pablo II, tras una sonora escandalera (sus gritos se oyeron por los pasillos vaticano) que les hizo en el 2000. Cada domingo se manifestaban frente al domicilio del arzobispo de Boston, Bernard Law, los familiares de las víctimas, acusándole de encubrir y trasladar a los curas abusadores. En el 2000 los obispos de EEUU redactaron la primera guía colectiva, pero el escándalo estalló en el 2010 de la mano de The New York Times, que se hizo eco de las sentencias definitivas que se estaban produciendo.
El Vaticano informó ayer que las diócesis de EEUU ya han entregado 2.500 millones de euros en indemnizaciones y han subvencionado terapias a favor de las víctimas por otros 78 millones, soslayando que ocho diócesis tuvieron que declararse en quiebra. Por otra parte, la diócesis de Dublín (Irlanda) ha desembolsado 20,4 millones y, en otros casos, se ignoran los importes de las indemnizaciones porque se trató de transacciones privadas.
Una vez elegido Papa, Ratzinger envió inspectores a Irlanda, Alemania y otros países, en sus viajes se reunió discretamente con víctimas de los abusos y elaboró los primeros documentos, que desde entonces se encuentran a disposición del público en la web del Vaticano. La legislación eclesiástica no estaba preparada para la reacción que produjo el escándalo, pero reaccionó con rapidez. Si solo en el 2001 Juan Pablo II había introducido el abuso entre los "delitos más graves" de la Iglesia, fijando la prescripción de los mismos al cabo de 10 años del cumplimiento de los 18 de parte de la víctima, en el 2003 Ratzinger consiguió que el interesado pudiera ser procesado y apartado del cargo.
Legislaciones nacionales
Una vez Papa, elevó la prescripción a 20 años, pero sobre todo impuso que las conferencias episcopales confeccionasen una guía, ya que cada país tiene su propia legislación y no era posible elaborar una guía universal. En el año 2011, el Vaticano proclamó que "es importante cooperar con las autoridades civiles en el ámbito de las distintas competencias". Después recalcó que "se debe cooperar con la autoridad civil", pero el mismo año impuso que las guías nacionales debían tener en cuenta "la legislación del Estado donde se encuentre la conferencia episcopal" y que "deben seguirse siempre las disposiciones de la ley civil". Lombardi aconsejó "adecuarse desde el primer momento a las disposiciones de ley vigente".
