El Ministerio de Sanidad se ha puesto del lado de los profesionales sanitarios que han alzado la voz en contra de los intentos de algunas autonomías de externalizar servicios que se hacen en los centros de salud en favor de las farmacias. En comunidades como Madrid, Comunitat Valenciana y País Vasco existen proyectos legales destinados a que los farmacéuticos hagan atención domiciliaria, seguimiento de enfermos crónicos o embarazadas. Frente a ello, la Mesa de la Profesión de Enfermera -que aglutina a los colegios profesionales y el principal sindicato- pidió a la ministra, María Luisa Carcedo, un pronunciamiento contrario a las llamadas "farmacias comunitarias" y este ha llegado en forma de carta, en la que la titular de Sanidad da satisfacción a las demandas de los enfermeros y que comparten también algunos colectivos médicos, sociedades científicas y pacientes.

Así, la ministra señala que la Administración del Estado no tiene "prevista la ampliación o la modificación" de las funciones que la ley actual encomienda a las farmacias "ni la creación de la figura de asistencia farmacéutica a domicilio". "A este respecto -añade la carta- este Ministerio considera que las funciones que la citada legislación atribuye a los y las farmacéuticas, incluidas las relativas a la vigilancia de la salud pública, en ningún caso pueden realizarse en detrimento de las de diagnóstico, tratamiento y cuidado que la ley de ordenación de las profesiones sanitarias atribuye a los profesionales de la medicina y enfermería, para las que las y los farmacéuticos no han recibido formación en sus estudios de grado".

La respuesta ha satisfecho a la Mesa de la Profesión Enfermera, que considera que la respuesta de Sanidad "asegura que la asistencia, diagnóstico, tratamiento y cuidado son funciones exclusivas de enfermeras y médicos" y que no deben traspasarse a las boticas, con el riesgo de "privatización" de la sanidad que ello supone.