Save the Children, una de las oenegés que más ha trabajado para que se apruebe una ley contra la violencia infantil en España, valora «positivamente» el anteproyecto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para la erradicación de los ataques a los niños, que el Ejecutivo aprobó el pasado 28 de diciembre. La norma, sin embargo, no recoge algunas de las demandas que la organización hizo llegar al Ministerio de Sanidad en forma de borrador legal el pasado verano. Por eso, tras mantener una reunión con la ministra, María Luisa Carcedo, la entidad anunció ayer que en los próximos días presentará varias alegaciones a la ley.
Entre sus peticiones, Save the Children insistirá en la necesidad de que se creen juzgados y una fiscalía especializada en la violencia sobre menores, similares a los que ya existen contra la violencia machista. Se trata de una de las medidas más costosas, y quizá por este motivo, no ha sido incluida en la ley. En este ámbito, la oenegé pedirá también la inclusión de «medidas específicas» para privar la patria potestad, suspender el régimen de visitas e impedir la custodia compartida en casos de violencia machista. Son medidas incluidas en el pacto contra esta lacra y en las que el gobierno está trabajando ya.
Además, la oenegé reclamará al gobierno que la educación afectivo-sexual, que se recoge en el anteproyecto como principio «transversal», se incluya como «contenido propio orientado al aprendizaje de la prevención y evitación de toda forma de violencia, adaptada al nivel educativo de cada niño y niña». Pedirá que el término «pornografía infantil» se sustituya por el de «imágenes de abuso y explotación sexual de menores» en el Código Penal, que se prohiba de forma «expresa» el uso de toda forma de violencia contra niños y adolescentes y que se desarrollen medidas de protección para grupos vulnerables.
