La patronal del ocio nocturno Spain Nightlife reclamó ayer que se endurezcan las sanciones que castigan el acoso sexual, de forma que la infracción recogida en el artículo 37.5 de la ley de seguridad ciudadana y que penaliza la «realización o incitación a la realización de actos contra la libertad sexual o ejecutar actos de exhibición obscena» sea tipificada como infracción grave y no leve y castigada con una sanción de entre 600 y 30.000 euros. Todo ello con el fin de aumentar su «efecto disuasorio», según argumentó José Luis Benítez, presidente de la asociación.

Asimismo, la patronal de las discotecas invitó a las autonomías a aprobar protocolos de prevención y sanciones. La agrupación de discotecas señaló que quiere «dar la cara» e implementar medidas antiacoso aunque, según sus datos, los tocamientos no deseados y las violaciones en los espacios de ocio son «residuales».

Para sostener esta afirmación, la patronal presentó un estudio en el que afirma que el acoso sexual bajó un 11,8% el 2018 pero sin aportar los datos que lo sustentan, con el argumento de que las discotecas no registran pormenorizadamente estos episodios y por eso el porcentaje es aproximado y basado en la apreciación de los propietarios de 170 locales y el Grupo Bull, que controla los accesos de 200 salas.

Según esta difusa estadística, se producen entre 10 y 20 quejas de mujeres al personal que trabaja en los locales nocturnos al año y por comunidad autónoma y de ellas solo el 1% se transforman en una denuncia policial. En cuanto a las agresiones sexuales, la patronal tampoco dispone de datos propios y, según lo reflejado en los medios, considera que en las discotecas se producen «casos aislados», unos cuatro al año, mientras que en el exterior de los locales y a más de 100 metros las violaciones han aumentado un 40%, hasta las seis al año.