La Conferencia Sectorial de Administración Pública ha acordado hoy favorecer la movilidad de las empleadas públicas que sean víctimas de violencia de género, de manera que puedan trasladarse a la Administración y localidad que soliciten.

Estas empleadas públicas recibirán apoyo psicológico, asistencia social y protección integral, ha explicado hoy el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en un comunicado, con el objetivo de que puedan vivir en un entorno familiar, personal y laboral adecuado.

Además las empleadas públicas afectadas no sufrirán pérdidas retributivas ni retrocederán en su carrera profesional por estos traslados, que tendrán carácter preferente y que garantizarán la protección de su intimidad.

"Las empleadas víctimas de estas situaciones deben conocer este derecho que las ampara y que les facilitará la toma de una decisión no siempre fácil de adoptar", ha defendido la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, según recoge el comunicado.

Durante la reunión de la conferencia sectorial de hoy, la primera en nueve años y a la que en representación de Aragón ha asistido el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, se ha aprobado su reglamento de organización y funcionamiento, se ha informado sobre políticas de movilidad de empleo público y se han abordado los trabajos que realizan otros órganos de cooperación.

Batet ha destacado la necesidad de fortalecer el diálogo con los territorios, como ocurre con este órgano, que reúne a los consejeros de las comunidades autónomas, Ceuta, Melilla y a representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).

Otras cuestiones abordadas en el encuentro de hoy son el acuerdo de estabilización del empleo público, el progreso de la administración digital o el grupo de gobierno abierto.