Un euro puede dar al traste con los planes de Christian Postigo, un estudiante malagueño de 20 años con expediente sobresaliente a quien el Ministerio de Educación deniega una beca porque al contabilizar una ayuda del 'plan Pive' (un incentivo para la compra de automóvil) los ingresos familiares superan el límite fijado para acceder a las ayudas al estudio del Gobierno. La familia Postigo supera por 1.04 euros el límite de incremento de patrimonio, uno de los baremos fijados para acogerse a una beca. .

El joven estudia el segundo curso del Grado Superior de Educación Infantil en Málaga, adonde se desplaza todos los días desde Álora, el municipio donde reside. Cien kilómetros diarios que pagaba gracias a la beca anual de 2.500 euros que le han dado en los últimos tres años. La nota media de 9,4 le abrió la posibilidad de empezar el curso próximo Magisterio, su sueño para tener un futuro.

CANDIDATO PERFECTO

De familia humilde, su padre es albañil autónomo que en la época posterior al estallido de la burbuja inmobiliaria sobrevive como puede. La renta anual familiar no supera los 8.500 euros, por lo que tanto por nota como por renta es el candidato perfecto para una ayuda gubernamental al estudio.

Ante la escasez de trabajo en Álora, y la mala salud del padre, en 2015 decidieron comprar un coche nuevo. “Uno modesto, no un artículo de lujo”, dado que el que tenían estaba “inservible”. Necesitaron incluso el aval de un familiar, y al adherirse al 'plan Pive', recibieron un descuento de 750 euros del concesionario y otros 750 euros del Gobierno.

Pero no fueron conscientes de que esas ayudas computaban en la declaración de la renta como incremento del patrimonio, una de las casillas que se miran a la hora de conceder las becas. “Mi padre estuvo en 2015 prácticamente en paro. Y da igual lo que gane mi familia, porque si superas los 1.700 euros de incremento de patrimonio, te deniegan la beca”, explicó a este periódico.

"LA LEY ES ASÍ"

A principios de año recibió por carta la noticia de que no tendría beca, por lo que tienen que afrontar por sí mismo los traslados y demás gastos escolares. Pensaron devolver la ayuda del coche, pero lo descartaron porque “nos han dicho en Hacienda que no están seguros de que aun así la consiga”. Temen que si la devuelven, se acaben quedando sin beca, y pero también sin coche. Presentaron una queja, y les reconocieron que aunque injusta, “la ley es así”.

La normativa establece una serie de límites “que no pueden superarse para ser beneficiario de una beca”, entre ellos que “la suma de los rendimientos netos del capital mobiliario más las ganancias patrimoniales de la unidad familiar no pueden superar los 1.700 euros durante el 2015”. No se tiene en cuenta que precisamente son las familias con menos recursos las que solicitan esas ayudas sociales, y el criterio se aplica incluso a un solicitante que tenga un expediente de sobresaliente y cero euros de renta anual.

Ahora, está en contacto con Hacienda porque creen haber hallado un error en la declaración que permitiría reclamar y exigir de nuevo la beca. Christian ni siquiera se plantea pedir becas a otras administraciones ante el temor de que se la bloqueen de cara al curso 2017-18. De momento, tirarán con lo que tienen y no descarta ponerse a trabajar por las tardes, aunque tras conocerse su historia, ha habido quien se ha ofrecido a pagarle la matricula.

“Somos una familia humilde y trabajadora, y no quiero aprovecharme de la situación, a quien le corresponde pagarme los estudios es al Estado”, asegura. Y lanza un mensaje a los políticos que proclaman las bondades del actual sistema público: “la educación se ha convertido en un lujo”.