La Defensora del Pueblo pidió ayer a todas las comunidades a través de su informe anual que pongan en marcha "programas específicos" para luchar contra el hambre infantil y garantizar la alimentación básica de los niños que vivan en hogares con privaciones materiales. La investigación, abierta en junio por al institución para conocer la situación real de este problema en España, concluye que solo Cataluña, Andalucía, Canarias, Extremadura y Ceuta y Melilla tienen programas aunque con enfoques diversos. El resto le han comunicado que los tienen en fase de estudio o que no han detectado un problema estructural.

RECORTES EDUCATIVOS Soledad Becerril también afirma que las restricciones presupuestarias "han pasado factura" al sistema educativo en todos sus niveles: instalaciones, ayudas a alumnos y familias, servicios de comedor y transporte y atención a las necesidades educativas especiales, entre otros. Su informe alerta del aumento de quejas por los precios públicos en las universidades, el endurecimiento de los requisitos académicos para el acceso a las becas y los cambios en el programa Erasmus. Becerril cree que hay que destinar recursos suficientes para que la LOMCE logre sus objetivos.