Los sin papeles deberán demostrar que llevan un mínimo de un año viviendo en España para poder acogerse al proceso de regularización por contrato de trabajo que se abrirá coincidiendo con la entrada en vigor del reglamento de la ley de extranjería. Ese es el plazo que baraja el Gobierno y que éste propondrá a los agentes sociales, según han explicado fuentes del Ministerio de Trabajo.

Cómo la entrada en vigor del nuevo texto legal se producirá hacia finales de noviembre o primeros de diciembre, el corte quedará establecido entre noviembre-diciembre del 2003. Los que hubieran llegado a España después de esas fechas quedarán excluidos. Por entonces entró en vigor, además la última reforma de extranjería promovida por el Partido Popular.

EL EMPRESARIO La otra condición para acogerse al proceso, ya conocida, será que el empresario que tiene al inmigrante empleado irregularmente presente un contrato de trabajo de un mínimo de un año y le dé de alta en la Seguridad Social. Aunque el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, apuntó la posibilidad de que el empleador tuviera que hacer frente a las cuotas sociales atrasadas, fuentes de su departamento lo dieron ayer por descartado.

Caldera advirtió de que el plazo durante el cual permanecerá abierto el proceso de regularización será "muy breve". Fuentes de próximas al ministro precisaron después que se baraja "un máximo de seis meses", aunque "la última palabra se dejará a empresarios y sindicatos".

El objetivo es que el proceso esté en marcha el mínimo tiempo necesario para que puedan gestionarse correctamente los centenares de miles de peticiones que se supone se recibirán y que comportarán un trabajo extra ya que cada caso será examinado "individualmente y con la máxima flexibilidad".

Caldera entregó ayer sus propuestas y el borrador de reglamento a los partidos políticos y a la mesa para el diálogo social integrada por empresarios y sindicatos. Ninguno de estos colectivos quiso pronunciarse sobre los contenidos, aunque todos se mostraron satisfechos por el inicio del proceso negociador.

Algunas asociaciones de inmigrantes, entre ellas SOS Racismo, mostraron una cierta "decepción" y "escepticismo" por la timidez de la reformas.