El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha afirmado este viernes que el Gobierno ha actuado con rapidez y de forma transparente en el proceso que ha culminado con una indemnización para la empresa concesionaria de 1.350,7 millones por el cierre del almacén de gas Castor.

"Opacidad no solo no ha habido, sino que todas las condiciones y todos los requisitos para que se pudiera hacer el pago por parte del operador están incluidos en esa norma --el real decreto ley que se aprobó su cierre temporal y la compensación económica--", ha afirmado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, el ministro ha señalado que el Gobierno "no ha pagado absolutamente nada" y que quien ha sufragado esta cantidad ha sido Enagás y, posteriormente, se cargará al sistema de gas.

Según el mecanismo diseñado, Enagás recibe un derecho de cobro con cargo al sistema gasista, es decir, a los consumidores de gas, equivalente a la cantidad de la indemnización. Esta compañía ha cedido ese derecho a un grupo de bancos, quienes han abonado los 1.350 millones de euros a la sociedad concesionaria (Escal UGS, controlada por ACS) y cobrarán durante un plazo de 30 años esta cantidad más intereses mediante la tarifa del gas.

Preguntado sobre si el Gobierno atenderá las demandas de organizaciones de consumidores que han pedido que no se cargue a la factura de gas, el titular de Industria no se ha pronunciado. Según Soria, la indemnización a Escal UGS estaba prevista en el decreto de autorización de la concesión, aprobada por el anterior Gobierno en 2008, norma que también estipula que el concesionario puede renunciar en cualquier momento de desarrollo del proyecto y será compensado por el coste de la inversión, incluso aunque hubiera dolo por su parte.

Soria ha recordado que el actual Ejecutivo declaró lesiva esta cláusula, pero finalmente el Tribunal Supremo no aceptó el cambio en las condiciones de la concesión. Asimismo, ha recordado que el Gobierno también ha disminuido en dos puntos porcentuales la retribución de Castor y que se pararon todas las actividades de inyección de gas en el momento en que se detectaron movimientos sísmicos.