La muerte de María José Carrasco, la enferma de esclerosis múltiple que murió ayudada por su marido, Ángel Hernández, y cuyo final fue grabado en un vídeo, será instruida, al menos en lo que concierne a los primeros procedimientos, en un juzgado de violencia sobre la mujer. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado atribuir la competencia al juzgado especializado número 5, pese a que este rechazó en un primer momento ocuparse del suicidio asistido al considerar que Carrasco expresó «de forma seria e inequívoca» que quería morir y que para ello necesitaba la ayuda de su marido. Si bien la Audiencia de Madrid ha resuelto que en esta fase «inicial y embrionaria de la investigación», en la que aún no constan los informes médico-forenses, ni el pendrive con el vídeo, «no se dan las circunstancias para determinar fehacientemente si se trata de un acto de violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja», como determina la ley integral contra esta lacra.

En un auto de 16 páginas, la Sala considera que, «tratándose de una cuestión de fondo que, en esta fase procesal no puede fijarse con la rotundidad pretendida y que es dependiente de las diligencias reseñadas, […] y sin hacer valoraciones impropias de este momento procesal», no concurre la «causa de exclusión» que argumentó la magistrada del juzgado de violencia sobre la mujer número 5.

Dicha jueza rechazó la inhibición del juzgado de instrucción número 25 al considerar los hechos como posible delito de cooperación al suicidio, ya que, según su criterio, Carrasco expresó de forma reiterada su deseo de morir e «indiciariamente» Hernández le suministro a su esposa «una sustancia que le causó la muerte». En su opinión, dicha situación «no es la manifestación de ningún tipo de violencia física, psíquica o limitación de libertad».