El Tribunal Supremo ha declarado nulos los grados de Criminología que impartía la Universidad Rey Juan Carlos y que fueron utilizados por decenas de inspectores de Policía para conseguir la titulación necesaria para su ascenso a comisarios.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia Nacional que a su vez dio la razón al Ministerio de Educación en su decisión de no reconocer a un comisario el título de licenciado.
ESCASEZ DE CRÉDITOS
La razón es que los cursos de la Rey Juan Carlos eran de sesenta créditos y a distancia, muy lejos de los requisitos de 180 créditos de un título medio o de los 240 créditos de una licenciatura.
Es decir, según la sentencia de la Audiencia Nacional, eran títulos obtenidos "en un período corto de tiempo (pocos meses), mediante curso a distancia y con una carga lectiva de 60 créditos", lo que es insuficiente para esa equiparación.
Además, apunta que en este caso no consta la fecha de matrícula, la titulación de acceso, las materias superadas con indicación de los créditos de cada una de ellas y el curso académico en el que se cursó.
DENUNCIA ARCHIVADA
El sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASP), que emprendió una batalla judicial en la que incluso llevó este asunto a la vía penal con una denuncia que fue archivada, calcula que unos 400 mandos de la Policía realizaron esos cursos para poder ascender a comisario.
Según ese sindicato, el curso se ofreció en los años 2013 y 2014, hasta que lo paralizó el Ministerio en 2015, y que el coste por alumno fue de 3.000 euros. Ahora, fuentes de la ASP han indicado que plantean pedir el reembolso de ese dinero y que se destine a chalecos y sistemas de protección.
Por su parte, Ramón Cosío, portavoz del SUP, ha dicho que lo que deja en "evidencia" la resolución del Supremo son las "deficiencias" de la carrera profesional en este cuerpo y ha considerado que los afectados, que no son solo comisarios, fueron "estafados".
Cosío ha reivindicado una carrera "estrictamente profesional" en la Policía, como tiene la Guardia Civil, para que no se tenga que acudir a "atajos" y para que en cada ascenso, los cursos que se hagan estén homologados y tutelados por una universidad.
Cuando la ASP llevó el asunto a la Fiscalía, la denuncia fue archivada al entender el ministerio público que no había "indicio alguno de actividad delictiva, ni tan siquiera de irregularidad administrativa".
