El Tribunal Supremo rechazó ayer la suspensión cautelar presentada por siete comunidades autónomas gobernadas por el PP contra el decreto que paralizó parcialmente la ley de calidad de la educación (LOCE). El decreto, aprobado el 28 de mayo, suspende durante dos años --mientras el Gobierno promulga otra ley-- el calendario de aplicación de la norma aprobada en la última legislatura por el PP, en lo referido a itinerarios en la ESO, la reválida y la Religión como asignatura evaluable. Las comunidades recurrentes son Valencia, Madrid, Murcia, Castilla y León, La Rioja, Galicia y Baleares.

El alto tribunal, que adoptó la decisión por cuatro votos a favor y uno en contra, considera que el decreto debe ser aplicado en todas las autonomías con carácter general, ya que su aplicación en unas y no en otras causaría perjuicios al sistema educativo.