El caso más sobrecogedor expuesto en el informe de Amnistía Internacional y que pone de manifiesto el corporativismo policial como traba insalvable para luchar contra la tortura hace referencia a unos hechos sucedidos en la comisaría de Bilbao en 1995.
La ciudadana brasileña Rita Margarete Rogerio, detenida por la brigada de extranjería, fue golpeada y violada dentro de la comisaría. Pese a que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya consideró probados los hechos se vio en la obligación de absolver al acusado al no poder fijar en él la responsabilidad, ya que ningún compañero le acusó.
El Tribunal Supremo, que se vio obligado a avalar la absolución, expresó su "consternación" en la sentencia.
