El auto de la Audiencia de Granada que permitió ayer la salida de prisión de Carlos Cano, un simpatizante del 15M que fue condenado por su actuación como piquete en una huelga, suspende también la ejecución de la pena impuesta en la misma causa a Carmen Bajo, que iba a entrar en prisión en ocho días.

El auto de la Sala Primera de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, ha estimado los recursos presentados por los dos simpatizantes del 15M, por lo que acordó ayer la suspensión de las penas privativas de libertad contra Carlos Cano y Carmen Bajo.

La Audiencia ha paralizado la ejecución de la sentencia hasta que sea "tramitado y resuelto el expediente de indulto abierto", por lo que suspende temporalmente la condena a tres años y un día impuesta a los dos condenados por su participación como piquetes en la huelga general de marzo de 2012.

Carmen Bajo, una leonesa de 56 años afincada en Granada y de profesión animadora sociocultural aunque actualmente en paro, tenía previsto entrar en prisión el próximo día 31 de julio tras un aplazamiento concedido por el juzgado para resolver cuestiones personales.

La condenada ha detallado a Efe que el auto dictado por la Audiencia le ofrece "un respiro" para continuar trabajando y formalizar su petición de indulto ante el Ministerio de Justicia, un trámite que de momento no ha ejecutado.

Sí se han presentado peticiones de indulto tanto personales como colectivas que piden esta medida de gracia para Carmen, pero no una personal rubricada por ella.

Carmen Bajo ha confiado además en que el Tribunal Constitucional (TC), ante el que interpuso un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales, se pronuncie en un plazo breve de tiempo.

"Las cosas cambian mucho en cuestión de pocas horas, por eso sé que esta tregua es para seguir trabajando, moverme, preparar cosas para lo que pueda pasar", ha apuntado Carmen Bajo.

Carlos y Carmen fueron condenados por el juzgado de lo Penal 1 de Granada a tres años y un día de cárcel acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores por su participación en un piquete informativo, una pena ratificada por la Audiencia que ahora les ha concedido la suspensión temporal de la condena.

Carlos confió ayer tras su salida de la cárcel que el debate abierto tras sus condenas y las de otros 250 sindicalistas posibilite una modificación en la legislación penal que impida sentencias similares a la suya.