El pleno del Tribunal Constitucional (TC) desestimó ayer el recurso que el PSOE presentó en el 2014 contra la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (Lomce), conocida como ley Wert. El TC avala así que se subvencione con dinero público a los colegios que segregan por sexos a sus alumnos y también otros aspectos de la norma que habían sido cuestionados, como la segregación de los alumnos en itinerarios académicos o que la asignatura de Religión sea una alternativa obligatoria. El pleno ha fallado por mayoría de ocho votos contra cuatro.

Por ahora solo se conoce solo el sentido del fallo. Ahora habrá que aguardar a que sea publicada la sentencia en la que se fundamenta la decisión y los votos particulares de los cuatro magistrados contrarios.

Tras conocer la sentencia, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, defendió la educación diferenciada como «un ejercicio más de la libertad», ya que, dijo, nadie está obligado a llevar a sus hijos a un colegio que segrega por sexos. A su juicio, el Constitucional se ha limitado a «reafirmar» con su sentencia una situación que está «tutelada» y «en línea» con la Convención de la Unesco y que existe en otros países de nuestro entorno.

En cuanto a la segregación por sexos, la portavoz socialista de Educación en el Congreso, Luz Martínez Seijo, dijo que este asunto es muy «preocupante» y apuntó que existe un modelo educativo más centrado en una ideología de la derecha que permite «esa segregación y, al mismo tiempo, lo contrario». La Constitución es un modelo muy amplio que, al admitir «una cosa y la otra» no ofrece «la seguridad» que debería proporcionar» al sistema educativo, según Martínez.

Según el portavoz de Educación de Podemos, Javier Sánchez, el fallo del TC es «una malísima noticia para la educación de nuestro país». A pesar de la sentencia, su formación «está convencida de que la educación que separa a niños y niñas es contraria a los valores democráticos y los derechos humanos».

La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, destacó que los colegios sostenidos con fondos públicos y que segregan por sexo no son inconstitucionales, como ha fallado el TC, pero recordó al mismo tiempo que tampoco son «obligatorios». Martín especificó que la educación diferenciada «nunca» ha sido el modelo de su grupo, pero que respetan las sentencias judiciales.

Desde la Conferencia Episcopal se aplaudió la decisión del TC, al considerar que «es una buena noticia, sobre todo para los padres», porque garantiza su derecho «para elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos».

La comunidad educativa también expresó su opinión. Francisco García (CCOO), por ejemplo, consideró que se trata de una «sentencia política que refuerza la Lomce y las políticas segregadoras del PP, que no son del siglo XXI». También anunció que en los próximos se informará sobre movilizaciones de la Plataforma por la Escuela Pública.

Por su parte, María Isabel Loranca (UGT) expresó su respeto al derecho de los padres a elegir el modelo educativo que quieran, pero se mostró «totalmente en contra de que ese tipo de educación sea pagada con dinero público». La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa) rechazó el aval del Constitucional porque «afecta y mucho a la educación» en España. En el mismo sentido se pronunció Ana García, del Sindicato de Estudiantes, que apuntó que, «si las cosas siguen así, habrá que volver a tomar las calles».