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PRECARIEDAD DE LOS TEMPOREROS

Tercer incendio en una semana en los asentamientos de inmigrantes de Huelva

Las oenegés denuncian el abandono por parte de las administraciones y las condiciones de insalubridad de los temporeros

 

Incendio registrado el pasado mes de abril en el asentamiento de inmigrantes de Palos de la Frontera (Huelva). -

JULIA CAMACHO
17/07/2020

Un incendio, el tercero en menos de una semana, ha acabado esta madrugada con las 70 chabolas en el paraje de El Terrón, en Lepe (Huelva). Las llamas han calcinado el asentamiento de cartón, madera y plástico y se han extendido a un campo cercano. Y aunque no han causado daños personales, uno de los residentes ha tenido que ser atendido por mareos. El suceso, ocurrido a las 4,30 de la madrugada, evidencia una vez más el abandono de las administraciones y las condiciones de vida de los temporeros extranjeros en la provincia, acentuadas con la pandemia y la necesidad de extremar las medidas de higiene. Las oenegés han celebrado este viernes una concentración en demanda de alojamiento digno porque, reprochan los inmigrantes, "no somos personas de usar y tirar.

Los tres incendios han afectado a más de medio millar de personas, tres de las cuales resultaron heridas. Muchas de ellas además han perdido todas sus pertenencias, incluidos dinero, pasaportes o documentos necesarios para regularizar su situación en el país. La situación se ha vuelto insostenible en plena pandemia, ya que los asentamientos no disponen ni de agua ni de servicios de recogida de basura y, tras los incendios, tienen que malvivir en colchones tirados en el suelo en mitad del campo.

"La precariedad y la vulnerabilidad en la que viven las personas de los asentamientos chabolistas de los municipios agrícolas onubenses son una grave y conocida realidad largamente denunciada, incluso por el relator de Naciones Unidas, en Lepe, en su visita a principios de este año", lamentaron desde la Asociación Pro-Derechos Humanos en Andalucía (APDH-A), que denuncia además la evidente indiferencia de los ayuntamientos frente a la situación desesperada de cientos de trabajadores agrícolas.

"Cada vez se hace más frágil la situación de vida de las personas asentadas, que no pueden buscar refugio sano y protector en sus chabolas, más aún cuando a esto se le suma el riesgo real de nuevos brotes de Covid-19, como los que están azotando al país cada día", señalaron en un comunicado.

Desde el colectivo Nuevos ciudadanos por la interculturalidad (Asnuci) lamentan también que "ninguna administración les ha ofrecido ningún tipo de acogida, les han dejado tirados como si fueran nada". Y recuerdan que, pese a la versión del alcalde de Lucena, el independiente Manuel Mora, de que los inmigrantes malviven en las chabolas porque no quieren pagar un alquiler, son los propietarios de las viviendas quienes no quieren alquilar los inmuebles a los temporeros, elemento fundamental para la prosperidad de muchos de los cultivos de la zona.

"Muchos no tenemos permiso de residencia ni trabajo y cuando queremos alquilar nos piden NIE, nómina y vida laboral", protestan los inmigrantes en las redes sociales del colectivo, "dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a buscar una vivienda, pero no tener papeles y tener la piel negra lo hace casi imposible". Algunos de ellos denuncian incluso que el Ayuntamiento de Lucena ha derribado chabolas aprovechando que algunos de sus ocupantes se habían marchado a las campañas agrícolas de otros puntos del país.

Ante esta situación, el colectivo Solución Asentamientos convocó para este viernes una concentración para solicitar alojamientos dignos porque "no hay riqueza sin dignidad". La entidad denuncia la "nula sensibilidad" de las administraciones, ya que "ni una sola" se presentó en el lugar de los dos primeros incendios, "ni han proporcionado una solución habitacional de urgencia para acoger a los trabajadores que lo han perdido todo".

Solución Asentamientos critica además "la ausencia de un proyecto de futuro a corto plazo que incluya alojamientos dignos para las trabajadoras y trabajadores temporeros de un sector económico que el año pasado facturó más de 500 millones de euros". Y arremete contra la "falta de voluntad política para regularizar la situación de todos aquellos temporeros de un sector esencial. Desde que comenzó el estado de alarma, la ausencia de mano de obra suficiente en el sector frutos rojos ha forzado una situación de fomento del trabajo en situación ilegal".