Trabajo ha activado una inspección laboral en el Flower's, uno de los históricos y mayores burdeles de la Comunidad de Madrid, aunque la ha paralizado a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia firme sobre el caso de una de sus empleadas, que obtuvo el reconocimiento judicial de su relación laboral.

Según la información publicada por 'El País', la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio, informó el pasado abril al Grupo Empresarial La Florida, que explota el Flower's, sobre la puesta en marcha de sus pesquisas. La decisión obedece a la victoria de Evelyn Rochel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado 18 de febrero dictó sentencia reconociendo a la prostituta una relación laboral con el club de alterne.

Aunque los magistrados no vincularon a la mujer con el burdel por su actividad sexual, que carece de regulación legal en España, sí consideraron probado que su trabajo en el local era fundamental para el negocio del establecimiento. "Siendo esencial la presencia de estas mujeres para atraer a los clientes que, sin duda, acuden buscando su compañía, que es la que determina que consuman copas", subrayan los jueces del tribunal superior en su resolución antes de apostillar: "Y es el titular del negocio el que se lucra de ello".

Pendiente de recurso

El fallo judicial, que se encuentra recurrido ante el Supremo, supone reconocer una relación laboral, lo que obligaría a la empresa a pagar las correspondientes cotizaciones, según explica Juan Jiménez-Piernas, abogado laboralista y letrado de Rochel. Pero "la trabajadora no fue dada de alta en la Seguridad Social por la empresa, según consta en la base de datos", advierte la Inspección Provincial en uno de los oficios enviados al Grupo Empresarial La Florida.

La batalla de Evelyn Rochel arrancó en el 2017, cuando se atrincheró en una de las habitaciones del Flower's, ubicado junto a la autovía A-6 a la altura de Las Rozas y un habitual en las redadas policiales. Según afirmó entonces la mujer, el club de alterne le comunicó que debía marcharse y dejar de ejercer allí. La pelea se trasladó posteriormente a los tribunales. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 24 de Madrid rechazó sus pretensiones. Pero Rochel recurrió y el TSJM admitió parte de sus argumentos.