La inacción se paga y España encadenó en el 2017 el segundo año consecutivo con aumento de muertos como consecuencia de accidentes de circulación. La Dirección General de Tráfico (DGT) ya no puede mirar hacia otro lado y ha anunciado un paquete de medidas para cortar esta sangría que en el 2017 se cobró la vida de 1.200 personas en 1.067 accidentes, la peor cifra en cinco años. Para ello, la DGT ha anunciado una nueva ley de tráfico para febrero, con la reforma de los exámenes y la revisión del carnet por puntos. En esta línea, "está a punto de aprobarse" la medida que posibilitará que los reincidentes por delitos relacionados con el consumo de alcohol y drogas puedan perder el carnet si así lo dicta un médico.

Gregorio Serrano, director general de Tráfico, ha presentado este miércoles su nuevo proyecto de seguridad vial, después de que se registraran en los últimos doce meses 39 muertos y 28 accidentes más que en el 2016, guarismos que suponen un incremento del 3% con respecto al ejercicio interior. Las reformas que plantea se pondrán en marcha durante el 2018, con el objetivo de ser implementadas en el 2019.

Serrano ha evitado hacer autocrítica y ha atribuido el aumento de los fallecidos al "incremento importante" del parque de vehículos y de los desplazamientos. No deja de ser significativo, sin embargo, que el 67% de las víctimas mortales se hayan producido en carreteras convencionales, lo que significa un 4% más que en el 2016. Es una medida largamente reclamada por las asociaciones de víctimas y los expertos que se limite la velocidad en estas vías a como máximo 90 kilómetros por hora. De hecho los dos anteriores directores de Tráfico intentaron hacerlo.

"Vamos a proponer una nueva ley de tráfico que ha estado debatida en 52 grupos de trabajo, que han debatido multitud de aspectos de esta ley. Una vez acabadas las aportaciones, estamos en condiciones de hacer una propuesta de ley de tráfico y seguridad vial. Después los padres de la patria tendrán que decirnos si están conformes o no", ha explicado Serrano. "Pretendemos que sea una nueva norma y no una reforma", ha puntualizado.

Todas las medidas

Además de la reforma del modelo de formación vial, también se revisará el sistema del carnet por puntos en el marco de la nueva norma. "El aumento o decremento de las sanciones de los puntos será en el marco de la nueva ley y la nueva regulación de la formación vial en España", ha sostenido Serrano, que espera que la medida sea un "revulsivo casi parecido a cuando se implantó" este sistema, allá por el verano del 2006.

Estas iniciativas también incluyen más radares en vías convencionales (incluyendo también dispositivos de tramo), la publicación trimestral de lo recaudado por sanciones de velocidad, un nuevo plan que incentive la renovación del parque móvil nacional y la adquisición de drones para controlar el asfalto desde las alturas.

Los datos del último informe de siniestralidad (que computa las víctimas en vías interurbanas con datos contabilizados a 24 horas) suponen la peor cifra desde el 2012, cuando se registraron 1.304 fallecidos. El número de víctimas mortales ya superó el pasado 19 de diciembre al de todas las del 2016, convirtiéndose 2017 en el segundo año consecutivo en el que se incrementa el número de muertes en la carretera tras 14 seguidos de descensos.

¿Cambio de ciclo?

La mortalidad en las carreteras españolas inició un descenso claro en el 2004, que se mantuvo hasta el 2013, cuando comenzó un estancamiento que se prolongó en el 2014 y el 2015. En el 2016 ya hubo un repunte con 30 fallecidos más que el año anterior y en el 2017 se ha producido el segundo incremento consecutivo. Desde hace dos décadas no se producían dos años seguidos de aumento en las víctimas mortales. Entre los muertos, ha crecido el número de ciclistas (44 muertos frente a 33) y motoristas (240 frente a 214), así como los registrados en furgonetas y turismos. Sin embargo, han descendido los peatones (91 frente a 120).

Ante esta situación, Tráfico aprobará en el 2018 el plan estratégico estatal de la bicicleta y la estrategia de seguridad vial 2018-2020, y se pondrá en funcionamiento la plataforma del vehículo conectado DGT 3.0, así como el plan estratégico del vehículo y el plan de medidas contra la siniestralidad de colectivos vulnerables.

Las víctimas no están conformes

El balance ha sido tachado como "más que negativo" por la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, que junto a PONS Seguridad Vial propone un mayor control de la velocidad. Los accidentes "ya no son un tema que preocupe ni alarme en exceso", argumentan estos colectivos, por lo que los políticos no tienen prisa por solucionarlo. Si bien la DIA reconoce las limitaciones en competencias como la gestión de carreteras autonómicas, esgrime que la DGT podría ejecutar más iniciativas contra "esta lacra".

La principal que solicitan es la homogeneización de la velocidad máxima permitida en carreteras convencionales a un máximo de 90 kilómetros por hora, y una mayor vigilancia física que erradique el uso del móvil al volante. De igual modo, reclaman más fondos del erario público para erradicar los tramos de concentración de accidentes (TCA) y endurecer las penas para estos delitos.

La bajada de la velocidad fuera de las autopistas ya fue propuesta en época de Pere Navarro y María Seguí, los antecesores de Serrano. En cualquier caso, la DGT mueve ficha tras dos años con muertos al alza: si el año pasado Serrano subrayaba la sensibilidad con el tema del ministro Juan Ignacio Zoido (que perdió un hijo de 18 años en la carretera en el 2002) tras las críticas recibidas por la inacción de su predecesor Jorge Fernández Díaz, ahora el director general pasa a la acción con medidas concretas para tratar de frenar esta sangría.