El Tribunal Supremo (TS) ha dado su aval al decreto de reforma de la estructura de los estudios universitarios, el popularmente conocido como decreto del 3+2, al entender que, a pesar de las diferencias de precios que hay entre grados y másteres, la modificación de las carreras universitarias no tiene carácter discriminatorio para los estudiantes ni tiene incidencia alguna sobre el sistema de becas para los estudiantes.

El aval del tribunal se produce al desestimar un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato CCOO, que teme que los estudiantes con menores recursos o peores calificaciones optarán por los grados de tres años para obtener una titulación más rápidamente, lo que acabará provocando que haya carreras de primera y de segunda.

El decreto aprobado en el 2015 por el exministro de Educación José Ignacio Wert vulnera la igualdad de condiciones entre estudiantes por razones económicas, ya que «una misma carrera puede costar más o menos en función del número de años que dure», indica el secretario general de Educación en CCOO, Francisco García.

El sindicato está convencido de que, por mucho que Wert asegurase en su momento que la medida iba a suponer un ahorro para las familias (de 150 millones de euros, dijo entonces el exministro), los actuales cuatro años de grado y uno de máster salen mejor de precio que el plan de tres años de grado y dos de máster. Entre otras cosas, porque un curso de máster es, de media, el 80% más caro que uno de grado. El decreto del 2015 pretende, según recoge el fallo del Supremo y remarcó ayer el Ministerio de Educación, «nivelar u homogenizar la duración de estudios universitarios y favorecer la movilidad de los estudiantes españoles hacia el exterior y de los extranjeros hacia España».