Hace solo tres meses, la ONU publicó un informe en el que constataba que las especies animales y vegetales que sustentan la vida en el planeta están desapareciendo a un ritmo muy superior a la media de los últimos 10 millones de años. Esa «aniquilación biológica», derivada de la actividad humana y bautizada por algunos científicos como sexta extinción, afecta a mamíferos, anfibios, pájaros, insectos, plantas y vida marina. Los autores del informe, 145 expertos de 50 países, alertaron de que un millón de especies están en riesgo de desaparecer si no se toman medidas urgentes. Justo lo contrario a lo que acaba de hacer la Administración de Donald Trump, que se ha plegado a la presión de los intereses económicos para debilitar la protección de especies.

Los cambios afectan a la llamada ley de especies amenazadas, una de las piedras angulares de la conservación en EEUU, con la que se ha conseguido salvar las poblaciones de especies en peligro como el oso grizzly, el caimán americano, el águila de cabeza blanca y el manatí. El texto de la ley no cambia, pero sí la forma en que será implementada por las agencias gubernamentales. Las revisiones anunciadas facilitarán que algunas especies salgan de la lista de especies amenazadas y que dejen de disfrutar automáticamente de las mismas salvaguardas concedidas a aquellas en peligro de extinción, un estadio superior en el grado de conservación. También se introducirán criterios de impacto económico a la hora de determinar los hábitats designados para proteger a las especies, lo que a ojos de muchos expertos llevará a la reducción de estos espacios.

CABALLO DE BATALLA

«Probablemente las nuevas reglas despejarán el camino para explotación minera, gasística y petrolera, así como para el desarrollo económico de las zonas donde viven las especies protegidas», subraya The New York Times. La ley en cuestión ha disfrutado de un amplio respaldo bipartidista y popular desde que fue aprobada en 1973, pero también es desde hace años uno de los caballos de batalla de los poderosos intereses empresariales de la industria petrolera, los rancheros o la construcción, que con la ayuda de sus aliados republicanos llevaban mucho tiempo tratando de debilitarla.

La Administración de Trump se ha defendido asegurando que los cambios no buscan otra cosa que optimizar los recursos dedicados a la conservación y aumentar la transparencia en torno a la ley. «Los cambios se enmarcan en el mandato asumido por el presidente para reducir las trabas regulatorias sobre la población sin sacrificar la protección de nuestras especies», afirmó el secretario de Comercio, Wilbur Ross. Pero las críticas abundan y varias organizaciones ya han anunciado su intención de desafiar los cambios normativos en los tribunales. «Si tomamos decisiones basadas en cálculos económicos cortoplacistas, tendremos como resultado la desaparición de muchas más especies», ha dicho desde EarthJustice, Drew Capito.

Desde que la ley se aprobó, cerca de 1.650 especies han sido categorizadas como bajo amenaza o en peligro de extinción, y solo 47 han salido de esas listas al prosperar su población. También ha permitido preservar los hábitats abandonados por las especies amenazadas, cuestión crucial para los conservacionistas, que temen ahora que esas zonas se abran para la explotación comercial. «Están tratando de dificultar, sino imposibilitar, la protección de los hábitats que actualmente no están ocupados», asegura Rebecca Riley desde el Natural Resources Defense Council. «Sabemos que el cambio climático forzará a las especies animales a moverse a nuevos hábitats».