La Comisión Europea decidió ayer presentar una nueva denuncia medioambiental contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La alta instancia denuncia "las lagunas" existentes en la legislación española en materia de evaluación del impacto medioambiental de los proyectos de infraestructuras. El fallo de la Comisión Europea se refiere, básicamente, a la falta de información que se ofrece a los ciudadanos.
El organismo europeo expresó también su preocupación porque en la legislación española vigente las exigencias de la directiva se aplican sólo a los proyectos de infraestructuras posteriores al 8 de octubre del 2000. Alega que las exigencias referentes al impacto medioambiental deberían aplicarse a todos los proyectos presentados desde el 14 de marzo de 1999.
