La Comisión Europea archivará una denuncia presentada contra el Gobierno español por haber ordenado el alejamiento del Prestige , al considerar que las autoridades hicieron todo lo posible para paliar los efectos del vertido, según confirmaron ayer a este diario fuentes comunitarias. La decisión de no abrir un procedimiento de infracción se adoptará formalmente en la reunión de la Comisión Europea del 24 de marzo, según las citadas fuentes.

La denuncia fue presentada por la organización ecologista Greenpeace, que acusó al Ejecutivo español de haber vulnerado la directiva sobre residuos por haber favorecido la contaminación marítima al ordenar el alejamiento del petrolero.

AMPLIO ABANICO DE MEDIDAS La Dirección de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario, sin embargo, considera que el Gobierno español adoptó las medidas necesarias para cumplir la legislación europea, que exige luchar contra el abandono, vertido y eliminación incontrolada de residuos, por lo que propondrá al resto de la Comisión Europea el archivo de la denuncia.

Tras analizar las circunstancias que rodearon el hundimiento del Prestige, la Dirección de Medio Ambiente, responsabilidad de la comisaria Margot Wallström, concluye que las autoridades españolas llevaron a cabo "acciones para controlar y acabar con las fugas de petróleo".

La recomendación de Medio Ambiente al resto del Ejecutivo comunitario precisa que el Gobierno adoptó "un gran abanico de medidas" para remediar los efectos del vertido del crudo en el mar, sobre las costas y en el medio ambiente.

El informe del equipo de Wallström detalla que el Gobierno tomó medidas para recoger y gestionar los residuos que llegaban a las costas, y que puso en marcha importantes medidas de limpieza del litoral.

SOLICITUD Por su parte, el Gobierno español ha cursado una solicitud ante la UE para evitar que la compañía que avaló al Prestige , la firma American Bureau of Shipping (ABS), pueda seguir reconociendo embarcaciones en Europa. En la petición acusan a ABS de "fallar" en sus obligaciones con la eficiencia que los estados de la Unión "tienen el derecho a esperar en la inspección, peritaje y certificación de buques".